La Comandancia de la Guardia Civil en Albacete se encuentra dentro de una polémica, tras denegar la solicitud de reducción de jornada presentada por un agente, identificado como Gabriel Rueda, padre de un niño prematuro con graves complicaciones de salud. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado la resolución de “deshumanizada” y ha acusado a la Comandancia de anteponer formalismos administrativos a la protección de un menor que requiere cuidados “directos, continuos y permanentes”.
El pequeño Héctor, nacido con apenas 1.245 gramos, es gemelo de otro hijo que, aunque no considerado gran prematuro, también presentó complicaciones al nacer. La situación, según los informes médicos aportados, hace que la atención de ambos niños sea especialmente compleja y exigente, poniendo a prueba la capacidad de conciliación de sus padres. La madre, enfermera, trabaja turnos de 12 horas en el hospital, lo que complica aún más la posibilidad de un cuidado constante por parte de ambos progenitores.
La Comandancia resolvió desestimar la petición del padre basándose en un argumento formal: al no existir una solicitud equivalente por parte de la madre, la reducción de jornada no procedía. Para AUGC, esta decisión “ignora deliberadamente los informes médicos que desaconsejan la guardería y exigen cuidado directo, continuo y permanente”, y constituye “una aplicación rígida y restrictiva de la norma que penaliza a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad”.
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“Falta absoluta de sensibilidad”
La asociación denuncia que la resolución evidencia “una falta absoluta de sensibilidad” y critica que la Comandancia se centre en términos administrativos como “certificaciones de servicios” y “subsanaciones insuficientes”, mientras se desestima el riesgo vital del menor y la necesidad de estimulación neurológica. “Han preferido contar minutos de servicio en vez de proteger la salud de un bebé de apenas un año”, sostienen desde AUGC, que califican la medida de “cruel” y un ejemplo de “desvío de poder al usar la normativa como obstáculo en lugar de protección”.
Este caso también pone de relieve lo que AUGC considera una hipocresía institucional: mientras la Dirección General de la Guardia Civil impulsa planes de igualdad centrados en la corresponsabilidad y los cuidados, sobre el terreno se imponen interpretaciones restrictivas de la normativa que limitan la posibilidad de que los padres cuiden a sus hijos. La asociación asegura que “no es coherente promover la igualdad en los discursos y comisiones, y al mismo tiempo negar derechos fundamentales a un guardia civil por criterios burocráticos”.
Revertir esta situación
Frente a esta situación, AUGC ha anunciado que presentará un Recurso de Alzada ante el General Jefe de la Zona de Castilla-La Mancha, con el objetivo no solo de revertir la decisión para la familia afectada, sino también de “defender el derecho de todos los guardias civiles a conciliar su vida laboral y familiar sin sufrir interpretaciones restrictivas que vacíen de contenido las medidas reconocidas en la normativa vigente”.
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La organización concluye que si la Guardia Civil quiere ser una institución moderna, debe garantizar que sus agentes no queden desamparados cuando la vida y salud de sus hijos están en juego, y advierte que casos como este no son hechos aislados, sino “síntomas de una deriva administrativa preocupante que prioriza la frialdad de los reglamentos sobre la realidad humana”.