España atraviesa un momento crítico en materia de infraestructuras. Tras un periodo de fuerte crecimiento en inversiones públicas durante los primeros años del siglo XXI, el país ha entrado en una larga fase de recortes presupuestarios que ha dejado un panorama de obsolescencia en las infraestructuras, de pérdida de eficiencia y una mayor vulnerabilidad ante riesgos climáticos y tecnológicos. Así lo expone el estudio La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones, editado por Funcas y coordinado por Ginés de Rus y Carlos Ocaña.
Los autores del informe reconocen que las infraestructuras constituyen un armazón que sostiene la economía y el bienestar social de España, por lo que, cuando fallan, sus efectos son inmediatos y costosos. Por ello, invertir en ellas es una condición necesaria, pero no suficiente, para el crecimiento económico, ya que invertir más no garantiza mejores resultados si no se elige adecuadamente en qué, dónde y cómo se invierte.
La experiencia española muestra casos de sobreinversión con baja utilización, junto a déficits en ámbitos como las infraestructuras hidráulicas o el mantenimiento de redes de transporte y energía.
De la euforia inversora al ajuste estructural
Entre 2000 y la crisis financiera global de 2008, España fue uno de los países de la Unión Europea que más recursos destinó a infraestructuras, con ratios de inversión pública sobre PIB superiores a la media comunitaria. Este impulso permitió construir una red de alta velocidad ferroviaria, autovías, aeropuertos y redes energéticas que situaron al país a la vanguardia en varios modos de transporte y mejoraron la accesibilidad territorial. Esta etapa de expansión actuó como motor de convergencia económica con Europa y facilitó el crecimiento interno.
La situación cambió de forma abrupta con la llegada de la crisis financiera y el posterior ajuste fiscal. El informe de Funcas describe cómo la inversión pública se redujo a mínimos históricos, tanto en nuevas infraestructuras como en el cuidado de las existentes. El repliegue, que en principio se planteó como temporal, se convirtió en estructural, y España pasó a presentar un déficit inversor respecto a la media europea.
Los riesgos de la falta de mantenimiento
La caída en la inversión no solo ha frenado nuevos proyectos, sino que también ha puesto en riesgo la operatividad de las redes ya construidas. El informe advierte que la falta de recursos para conservación y modernización ha generado problemas de sobreinversión con baja utilización en algunos activos, junto a déficits notables en infraestructuras hidráulicas y en el mantenimiento de redes de transporte y energía.
La situación afecta de forma directa a la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos, como apagones, sequías, inundaciones y ciberataques. Según los autores, “negar la prioridad al mantenimiento debilita la resiliencia nacional y eleva la exposición a emergencias y pérdidas económicas”.
Además, la obsolescencia de las infraestructuras incrementa los costes futuros, ya que la reparación de daños suele requerir inversiones mucho mayores que la prevención.
Los retos de la transición al cambio climático y la digitalización
El informe de Funcas identifica varios desafíos clave para el futuro inmediato. Entre ellos destacan la adaptación al cambio climático, la transición energética y el avance hacia la digitalización de las redes. También recalca la importancia de reforzar las infraestructuras para garantizar la seguridad del suministro energético y contener los costes en un contexto de transformación hacia fuentes renovables.
En el ámbito del agua, los autores sostienen que la escasez y la variabilidad del recurso, agravadas por el calentamiento global, exigen una gestión basada en criterios económicos y ambientales, con precios que reflejen la escasez y sistemas que incentiven el uso eficiente. La falta de inversión en almacenamiento, prevención de inundaciones y depuración ha elevado la vulnerabilidad de las ciudades y el campo ante episodios extremos.
En cuanto a la digitalización, se perfila como un “elemento transversal imprescindible”, según el informe. España mantiene una posición avanzada en cobertura de fibra óptica y redes móviles, lo que constituye una ventaja competitiva. No obstante, la concentración de mercado, los riesgos para la ciberseguridad y la dependencia de otras infraestructuras críticas “exigen marcos regulatorios sólidos que garanticen competencia y acceso equitativo”.
Recomendaciones para un cambio de rumbo
El estudio expone una batería de medidas concretas para revertir la tendencia en infraestructuras y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre las recomendaciones destacan reforzar la planificación estratégica con base en análisis económico; crear sistemas de financiación que permitan la recuperación de costes e internalicen las externalidades y ampliar y profesionalizar la colaboración público-privada.
También aconseja priorizar el mantenimiento y renovación de infraestructuras existentes frente a la construcción de nuevas, impulsar la resiliencia de infraestructuras críticas para minimizar el impacto de crisis imprevistas y mejorar la calidad institucional y la gobernanza del sector, con una evaluación rigurosa de los beneficios y costes sociales.
El informe insiste en que la inversión en infraestructuras compite directamente con otras prioridades como la sanidad, la educación o la seguridad, por lo que urge una evaluación transparente y objetiva para maximizar el retorno social de cada euro público gastado.
Transportes más eficientes y a la “vanguardia” en Telecomunicaciones
El análisis de Funcas repasa de forma monográfica los principales sectores afectados. En transporte, el país cuenta con una red densa y moderna, aunque arrastra problemas de sobrecapacidad y baja utilización en algunos activos. La recomendación de los expertos apunta a reorientar la política hacia la eficiencia, con evaluación estricta de proyectos y tarificación por uso.
En cuanto a energía, la transición hacia un sistema descarbonizado exige inversiones en redes de transporte y almacenamiento, así como en la gestión inteligente de la demanda. El informe alerta sobre los riesgos de una planificación deficiente que pueda derivar en apagones o inestabilidad.
En agua, la urgencia radica en mejorar el almacenamiento, la prevención de inundaciones y la depuración, con una gestión tarifaria que incentive el consumo responsable y garantice la sostenibilidad de las infraestructuras.
Respecto a las telecomunicaciones, España se mantiene a la vanguardia, pero la concentración de operadores y los retos de ciberseguridad obligan a fortalecer la regulación y evitar riesgos sistémicos.
El estudio examina el efecto de la pandemia y la llegada del programa Next Generation EU, que ha incentivado una respuesta fiscal expansiva y un renovado interés por la inversión en eficiencia energética, movilidad sostenible y digitalización. Sin embargo, la ejecución de estos fondos aún resulta baja y el esfuerzo en infraestructuras físicas permanece lejos de los máximos registrados antes de la crisis financiera de 2008.
Nueva política de infraestructuras para impulsar la economía
En cuanto al futuro, el estudio incide en que el futuro de la economía y el bienestar en España dependerá de la capacidad para consensuar una nueva política de infraestructuras basada en la sostenibilidad financiera, ambiental y territorial.
Deja claro que sin una estrategia de largo plazo y una asignación eficiente de recursos, el país corre el riesgo de ver erosionada su competitividad y quedar expuesto a crisis sistémicas.