En diciembre de 2025, los medios españoles desvelaban el escándalo del Hospital de Torrejón: el centro público gestionado por el grupo privado Ribera Salud habría ampliado sus listas de espera y rechazado pacientes para incrementar sus beneficios económicos. La polémica alentó las críticas a la privatización sanitaria mediante modelos de gestión indirecta, como el conocido modelo Alzira, al que el Gobierno busca poner coto con su nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
“Es un problema estructural que se basa en un marco normativo que, durante demasiado tiempo, ha permitido que la gestión de la sanidad pública pueda tener una orientación al beneficio económico”, valoró la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El objetivo es poner fin a la privatización, un modelo que “no solamente es menos eficiente, sino que también es más dañino”, según García.
En los últimos años, la participación privada ha crecido sobremanera dentro del sistema público. Los conciertos parciales o sustitutivos, así como aquellos que prestan servicios financiados por el SNS, se han multiplicado y suponen ahora el 30,7% de todos los hospitales de la red pública. En total, son 145 los centros privados que operan dentro del SNS, 39 más que en el año 2011. En contraposición, España ha perdido 19 hospitales públicos en el mismo periodo, quedando 327.
La expansión de los centros privados
Esos 145 hospitales privados prestan sus servicios a la sanidad pública de diferentes maneras. En el año 2025, había 6 centros con un concierto sustitutorio (es decir, asumen toda la asistencia de una población concreta), 138 con un concierto parcial y 109 pertenecientes a la red de utilización pública (dedican el 80% de sus recursos a servicios públicos).
Los centros de dependencia privada son especialmente populares en Cataluña, que incluye 93 de ellos en su red pública. En otras comunidades son los conciertos parciales los que triunfan, como en Andalucía (23), Castilla y León (19) o la Región de Murcia (14). Los conciertos sustitutorios están presentes en cinco regiones: Asturias (1), Comunidad Valenciana (1), Galicia (2), la Comunidad de Madrid (1) y La Rioja (1).
Esta colaboración no sale gratis al Estado, que financia el 88,5% de su actividad, llegando al 100% en La Rioja y las Islas Baleares. Sin embargo, dichos centros apenas recogen el 8% de las altas hospitalarias registradas en España.
El modelo Alzira
Dentro de esta colaboración público-privada, el modelo Alzira es el más polémico de todos. Este sistema recibe su nombre del Hospital Universitario de la Ribera, ubicado en el municipio valenciano de Alzira, cuya gestión fue cedida a Ribera Salud en los años 90. El grupo privado recibiría un pago fijo anual por cada habitante asignado al centro sanitario, independientemente del volumen de servicios proporcionado, así como un extra por cada paciente que eligiese tratarse en su hospital gracias al sistema de libre elección.
El modelo Alzira se expandió después a la Comunidad de Madrid con el gobierno de Esperanza Aguirre e intentó implantarse, sin éxito, en Galicia, Baleares y Castilla y León, siempre bajo gobiernos del Partido Popular. Actualmente, seis centros operan con este sistema: el Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), el Hospital Universitario de Vinalopó (Elche), el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital General de Villalba, la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) y el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro).
Es justamente el modelo Alzira el que más críticas ha recibido, especialmente tras la filtración de audios del CEO del Grupo Ribera Salud, en los que pedía aumentar beneficios incrementando listas de espera del hospital público de Torrejón de Ardoz.
El Gobierno quiere acabar con Alzira
El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud tiene el objetivo de frenar la “proliferación de modelos privados en las últimas décadas”, que han derivado “en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional“. La normativa propuesta por el Gobierno busca impulsar la gestión directa de los hospitales y limitar la gestión indirecta, aceptada en casos excepcionales y previa evaluación.
Así, el modelo Alzira solo estaría permitido cuando la gestión pública no sea posible y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia del centro. El hospital, además, debe cumplir los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Las comunidades autónomas tendrán que entregar un informe que justifique la necesidad de este servicio público-privado, que será evaluado por un comité de expertos. El nuevo sistema tampoco permitirá fórmulas contractuales mixtas, que daban la gestión de centros hospitalarios públicos a quienes se encargasen de su construcción.
La propuesta no ha sentado bien en la Comunidad de Madrid, donde este modelo es mayoritario. Para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, este anteproyecto es un intento del Gobierno de “acabar con la sanidad” madrileña y llevarla “a la revolución” para “que nada funcione”. Ayuso ha calificado el texto de “insensato” y vaticina que no prosperará en su tramitación parlamentaria.
Desde el sector privado, la Fundación Idis ha defendido la colaboración público-privada como “una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario”. Para ellos, la limitación a la gestión privada puede “suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria”.