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Las fechas clave para negociar el próximo gobierno de Aragón tras el 8F: pactos posibles en un parlamento muy fragmentado

El Partido Popular de Jorge Azcón parte como favorito para ganar las elecciones, pero con un resultado que previsiblemente le obligará a negociar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Teruel, Aragón. (Javier Escriche - Europa Press)

Más de un millón de aragoneses decidirán en las urnas el futuro de su territorio este domingo. Y por primera vez en su historia, esta comunidad autónoma votará antes de lo previsto y en solitario, por lo que su resultado tendrá una clara lectura nacional. De acuerdo a las encuestas, el Partido Popular de Jorge Azcón parte como favorito para ganar las elecciones, pero lo haría con un resultado que le obligará a negociar con otras formaciones.

Primero, porque la mayoría absoluta no se ha alcanzado en esta comunidad desde 1983, lo que hace de la Cámara aragonesa una de las más fragmentadas. En esta legislatura, hasta ocho formaciones se han repartido los 67 diputados que la componen. De hecho, en estas elecciones, concurren más del doble de candidaturas.

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Segundo, porque el PP tendrá enfrente a un Vox catapultado por este adelanto electoral -convocado, precisamente, por el bloqueo político que ha impuesto a los populares-. Y en este sentido, los sondeos prevén que el partido de Santiago Abascal, que encabeza en este territorio Alejandro Nolasco, pueda duplicar su representación. En todo caso, su fuerza en las urnas determinará su peso político en las negociaciones. No hay que olvidar que en Extremadura y la Comunidad Valenciana, Vox es quien decide y puede detonar los gobiernos.

Otra de las incógnitas será conocer si Pilar Alegría logra desmentir los pronósticos sobre el PSOE y salvar a la formación de su mayor derrota histórica. El hundimiento de los socialistas podría repercutir también en la aritmética parlamentaria, y por tanto, en las negociaciones. Y es que algunos sondeos apuntan a que solo los populares podría tener más representación que la mayoría de las izquierdas, bastando así tan solo la abstención de Vox.

El reloj corre a partir del 3 de marzo

La mayoría está situada en los 34 diputados. Pero antes de sacar la calculadora política, habrá que recordar que los líderes políticos no podrán negociar hasta el 3 de marzo, fecha en la que los diputados que componen las Cortes tomarán el acta para la siguiente legislatura. A partir de ahí, el reloj del pactómetro comenzará a correr. El reglamento establece un plazo máximo de dos meses desde la constitución de las Cortes de Aragón para que se proponga y apruebe una candidatura a la Presidencia de Aragón.

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La exministra de Educación es la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero.

Si transcurre ese periodo sin que ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara, se disuelven las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. Durante ese plazo, no obstante, pueden presentarse sucesivas candidaturas, y entre cada una debe mediar un periodo no superior a diez días.

Así funciona el sistema electoral

Para entender por qué es tan difícil configurar mayorías absolutas en este territorio, hay que recordar cómo funciona el peculiar sistema electoral aragonés. En primer lugar, cada provincia —Zaragoza, Huesca y Teruel— recibe de forma automática 14 escaños, independientemente de su población.

Posteriormente, los escaños restantes se distribuyen según el tamaño de la población de cada circunscripción. Tras aplicar el reparto inicial, se revisa que la relación entre el número de habitantes y diputados asignados no genere una desigualdad excesiva. La ley fija como límite que la proporción de población por escaño en Zaragoza no supere en más de tres veces la misma ratio correspondiente a Teruel. Así, el reparto de los 67 escaños queda establecido en: 35 diputados por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel. 

Además, para entrar en este reparto, los partidos políticos deben haber alcanzado al menos un 3% de los votos en la provincia correspondiente, una exigencia que garantiza que solo las formaciones con una representación mínima accedan al Parlamento regional.

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