El Congreso de los Diputados ha tumbado hoy la revalorización de las pensiones de 2026, generando una ola de incertidumbre entre jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. La medida, incluida en un Real Decreto‑ley impulsado por el Gobierno, contemplaba un incremento del 2,7% para las pensiones contributivas, con aumentos superiores para las pensiones mínimas y no contributivas, en un intento de proteger el poder adquisitivo de quienes dependen exclusivamente de estos ingresos. Sin embargo, la falta de consenso político ha hecho que la norma no prospere, dejando en suspenso no solo la subida de las pensiones, sino también varias medidas sociales incluidas en el paquete que el Ejecutivo ha bautizado como escudo social.
Aunque la mayoría de pensionistas ya han percibido la actualización correspondiente a enero, la votación del Congreso ha hecho que la medida pierda validez legal, lo que podría revertir los aumentos en pagos futuros si no se aprueba una nueva norma. En la sesión de este martes, la votación parlamentaria ha concluido con los 173 votos a favor del Gobierno y sus socios en minoría frente a los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts.
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Los argumentos de los partidos de la oposición para negarse a aprobar la subida giran en torno al resto de medidas del paquete, que incluyen el bono social eléctrico, la prohibición al corte de suministros y la prórroga de la moratoria de desahucios a familias en situación de vulnerabilidad. Este último punto ha sido el más polémico para los PP y Junts, que instan al Gobierno a proponer al Congreso la revalorización de pensiones en solitario y no aprovechar para introducir otras iniciativas que no se aprobarían de otra forma. Mientras, el Ejecutivo reclama al resto de formación que priorice mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a sus intereses partidarios.
Los pensionistas esperan un acuerdo para febrero
La negativa de la oposición a ligar el aumento de las pensiones a otras medidas sociales no es nueva y recuerda a la situación que se dio en enero de 2025, cuando PP, Junts y Vox rechazaron el decreto que incluía la revalorización de las prestaciones por su desacuerdo con el resto de iniciativas del paquete. Entonces, la reacción negativa en la opinión pública forzó a Alberto Nuñez Feijóo a rectificar y los populares terminaron por dar su ‘sí’ a otro decreto omníbus presentado por el Gobierno en semanas posteriores. En este se volvía a plantear el incremento de las pensiones eliminando algunas de las otras propuestas, aunque se mantenían varias de las iniciativas que más tensión política habían generado.
Así, el enfrentamiento entre los dos partidos no tuvo efecto en el bolsillo de los pensionistas, que llegarón a la fecha de pago de febrero con el decreto convalidado. El Gobierno podría repetir estrategia en 2026 y confiar en que el PP acabe cambiando de posición en votaciones posteriores del mismo decreto o de una versión troceada del paquete en el que se agrupe con medidas más asequibles para la oposición. La decisión de no llevar la subida de pensiones en solitario al Congreso pese a contar con apoyos para convalidarla por esa vía también puede pasar factura al Ejecutivo, que podría decantarse por presentar la medida separada del escudo social.
La falta de consenso puede revertir la subida
El Gobierno tiene la potestad de volver a aprobar un nuevo decreto-ley con la revalorización de pensiones en solitario o con otras medidas en el Consejo de Ministros, pero la norma debe ser convalidada después por el Congreso para no perder su validez legal. Por eso, se presenta un escenario en el que la negociación política será clave y el Ejecutivo socialista puede hacer efectivo de nuevo el aumento en las nóminas hasta que se tumbe de nuevo en su paso por el hemiciclo a menos que se llegue a un acuerdo con el resto de formaciones.
Aunque cualquiera de estos casos supone incertidumbre e inquietud para los pensionistas, la posibilidad que más preocupa al colectivo es llegar a la fecha del próximo pago, normalmente en los útlimos diez días del mes de febrero, sin una subida vigente por decreto ni un acuerdo definitivo por el ‘sí’ en el Congreso. Si el Gobierno no encuentra una solución en las semanas siguientes, los beneficiarios de pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social cobrarán el importe correspondiente a 2025, que no contempla la pérdida de poder adquisitivo por la evolución de la inflación en los últimos doce meses. Esta realidad se mantendría hasta que el Ejecutivo logre el consenso parlamentario. Sin emabrgo, la actualización retroactiva de las cuantías a partir de enero debería compensarse después.