La obligatoriedad de la baliza V16 conectada ha abierto un nuevo frente en el arranque de 2026, esta vez dentro de los propios cuerpos encargados de vigilar su cumplimiento. Agentes de la Guardia Civil sostienen que no existe ninguna orden escrita que les indique que no deben sancionar a los conductores que no utilicen el dispositivo cuando corresponde, pese a los mensajes públicos lanzados desde el Ministerio del Interior sobre una supuesta moratoria en la aplicación de multas.
La advertencia parte de Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que denuncia una situación que, a su juicio, deja a los agentes en una posición comprometida. “La Guardia Civil señala que no tiene orden por escrito de no multar a quienes no lleven la baliza. Pero nos encontramos con un anuncio verbal de moratoria por parte del ministro Marlaska, que a día de hoy no se ha traducido en ninguna instrucción escrita. Consideramos esto gravísimo”, afirma.
Desde el punto de vista normativo, la situación es clara. Desde el 1 de enero, la baliza V16 conectada es el único sistema válido para señalizar un vehículo detenido por avería o accidente en la vía. Su no utilización constituye una infracción administrativa. Sin embargo, las declaraciones realizadas a comienzos de mes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciando un “periodo razonable” sin sanciones, han introducido un elemento de confusión que, según la AUGC, no ha sido resuelto por los cauces administrativos habituales.
Sin orden escrita, se aplica la norma
El problema, explica Madrazo, es que en un cuerpo jerarquizado como la Guardia Civil las declaraciones políticas no sustituyen a las instrucciones operativas. “Los agentes actúan conforme a órdenes escritas. Si no existe una directriz que indique lo contrario, la obligación es aplicar la ley”, resume el portavoz de la AUGC. En la práctica, eso significa que un agente que detecta que un conductor no ha utilizado la baliza V16 cuando corresponde debe denunciar la infracción.
Desde la asociación advierten de que esta situación genera inseguridad jurídica tanto para los agentes como para los ciudadanos. Un conductor puede interpretar que existe una moratoria real y confiar en que no será sancionado, mientras que el agente, sin respaldo normativo para no multar, está obligado a actuar conforme a la ley vigente. “No se puede trasladar al agente la responsabilidad de interpretar mensajes políticos”, subraya Madrazo.
Desde la AUGC se alerta de que esta falta de claridad puede derivar en conflictos en carretera y en una percepción de trato desigual entre conductores. “La ley debe aplicarse igual en todo el territorio y eso solo se consigue con instrucciones claras”, insisten.
La baliza, en el centro del debate
El conflicto sobre las sanciones se suma a un contexto ya cargado en torno a la baliza V16. Desde su anuncio, el dispositivo ha estado rodeado de polémica por cuestiones como la geolocalización, la aparición de mapas accesibles en internet que mostraban balizas activadas o las alertas sobre posibles usos indebidos de esa información. A ello se añadió la retirada de la homologación de varios modelos por motivos administrativos, lo que incrementó la sensación de incertidumbre entre los conductores.
En ese escenario, la supuesta moratoria anunciada de forma verbal fue interpretada por muchos como una vía para rebajar la tensión en los primeros meses de implantación. Para la Guardia Civil, sin embargo, el efecto ha sido el contrario.
Las asociaciones profesionales piden ahora al Ministerio del Interior que regularice la situación cuanto antes para evitar conflictos innecesarios y proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos. Mientras esa instrucción no llegue, recuerdan, la actuación en carretera se rige por una norma que está en vigor y que obliga a denunciar su incumplimiento.