La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dado este lunes un paso político de alto voltaje al cerrar las puertas de la Eurocámara al personal diplomático y a cualquier otro representante oficial de la República Islámica de Irán. La decisión, anunciada públicamente a través de un mensaje en la red social X, supone la primera respuesta institucional concreta de una de las grandes instituciones de la Unión Europea a la nueva oleada de protestas que sacude el país persa desde finales de diciembre y que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado ya centenares de muertos.
“No es posible seguir con el mismo patrón habitual”, escribió Metsola, en un mensaje inusualmente duro para los estándares de la diplomacia comunitaria. “Mientras el valiente pueblo de Irán continúa defendiendo sus derechos y su libertad, he tomado la decisión de prohibir a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán el acceso a todas las instalaciones del Parlamento Europeo. Esta Cámara no ayudará a legitimar este régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato”. Con esas palabras, la presidenta de la Eurocámara colocó a la institución en una posición frontal frente a Teherán, rompiendo con la lógica de contactos mínimos que hasta ahora se había mantenido incluso en los momentos de mayor tensión.
La medida afecta a todas las sedes del Parlamento Europeo, en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, y supone que ni los diplomáticos acreditados ni otros representantes del régimen iraní podrán acceder a las dependencias parlamentarias, donde habitualmente se celebran encuentros, audiencias o reuniones informales con actores internacionales. En la práctica, se trata de un gesto de aislamiento político que busca enviar una señal clara tanto al régimen de los ayatolás como a la opinión pública iraní.
Un gesto político en medio de una escalada de violencia
La decisión de Metsola llega en un contexto de máxima tensión en Irán. Desde finales de diciembre, miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades del país para protestar contra la situación económica y, de forma más amplia, contra el sistema político. La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido, según múltiples denuncias, extremadamente violenta. La ONG Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos y opositora al régimen, cifra en 538 los muertos desde el inicio de las protestas: 490 civiles, ocho de ellos menores de edad, y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que el Parlamento Europeo recurre a este tipo de vetos. En el pasado reciente, la Eurocámara ya cerró sus puertas a representantes de Marruecos por vulneraciones de derechos humanos y a autoridades cataríes tras estallar el escándalo de corrupción conocido como Qatargate. En ambos casos, la institución quiso marcar distancias y proteger su imagen frente a regímenes o gobiernos cuestionados.
Bruselas se prepara para endurecer las sanciones
El movimiento de Metsola se produce además en paralelo a un debate mucho más amplio dentro de la Unión Europea sobre cómo responder a lo que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha calificado de “brutal represión” contra los manifestantes. En una entrevista concedida este lunes al diario alemán Die Welt, la Alta Representante afirmó que está “dispuesta a proponer sanciones adicionales” contra Irán como respuesta a la violencia.
“La UE ya ha impuesto sanciones de gran alcance contra Irán, concretamente contra aquellos responsables de violaciones de derechos humanos, de la expansión del programa nuclear y del apoyo de Teherán a la guerra de Rusia en Ucrania”, recordó Kallas. A ese entramado de medidas punitivas podrían sumarse ahora nuevas penalizaciones, todavía por concretar, que irían dirigidas específicamente a los responsables de la represión interna.
Los embajadores de los Veintisiete abordarán este mismo martes la cuestión en Bruselas, según confirmó el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni. Aunque evitó detallar en qué podrían consistir esas nuevas sanciones, sí adelantó que serían “más severas” que las ya vigentes. En estos momentos, la UE mantiene, entre otras, una congelación de activos y una prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de la Guardia Revolucionaria iraní, por su papel en el desarrollo del programa nuclear.
Además de esas medidas, existen listas de dirigentes y entidades iraníes sancionadas por violaciones de derechos humanos o por su implicación en programas militares, incluidas las exportaciones de material tecnológico para la fabricación de drones y misiles, penalizadas en 2024 tras los ataques contra Israel.
La Guardia Revolucionaria, en el punto de mira
Uno de los objetivos políticos que la presidenta del Parlamento Europeo quiere volver a poner sobre la mesa es la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Este cuerpo, una rama de las fuerzas armadas iraníes creada para proteger el sistema teocrático, desempeña un papel clave tanto en la represión interna como en las operaciones exteriores del régimen.
La UE ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria en su lista de entidades sancionadas para congelar sus activos en suelo europeo, y varios de sus dirigentes figuran en listas negras individuales. Sin embargo, dar el paso de catalogarla formalmente como organización terrorista tendría implicaciones políticas y jurídicas mucho más profundas, y hasta ahora no ha habido consenso entre los Estados miembros para hacerlo.
En paralelo a los movimientos europeos, desde Washington llegan también señales de una posible escalada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está considerando “seriamente” una intervención en Irán. “Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas”, dijo ante la prensa, sin entrar en detalles. Según explicó, la Casa Blanca recibe “un informe cada hora” sobre la situación y tomará una decisión en función de esa evolución.