No es un secreto que desde hace semanas el Gobierno ha entrado en una especie de parálisis. Primero, porque se encuentra aturdido por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican a miembros del PSOE y que han dejado al partido contra las cuerdas en la recta final del año. Segundo, porque no cuenta con mayorías en el Congreso para aprobar medidas legislativas de gran calado. La legislatura encara ya su segunda mitad y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita demostrar a sus aliados que su mandato sigue siendo útil. Y en este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende recuperar la iniciativa y ha solicitado a sus ministros que formulen propuestas que puedan implementarse sin necesidad de someterse a la votación en el Congreso de los Diputados.
El bloqueo parlamentario de Junts per Catalunya lo hace todo aún más difícil y sortearlo llevará tiempo en un contexto de un nuevo ciclo electoral, con elecciones a la vista en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Cabe recordar que algunos de los asuntos que condicionarían un cambio de postura de los posconvergentes no dependen siquiera del Ejecutivo, como es la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont (que está en manos de la Justicia). El Gobierno ya ha admitido en varias ocasiones que, mientras se reconstruyen las relaciones, deberán “sudar la camiseta” con cada medida que pretenda sacar adelante. Y ya no es solo los Presupuestos, que todavía no hay ni rastro (aunque María Jesús Montero quiere presentarlos en el primer trimestre de 2026), sino medidas que fueron marcadas en rojo al inicio de la legislatura como la reducción de la jornada laboral; o la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña, uno de los compromisos que el Gobierno acordó con los de Puigdemont a cambio de la investidura de Sánchez.
“Hay una situación complicada en el Parlamento. No diría que es fracaso, pero cuesta mucho. Me frustra mucho que haya votaciones que van en favor del interés general”, lamentó este martes el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
¿Qué margen tiene el Gobierno?
Desde Moncloa defienden que lo que propone Sánchez “es algo normal” y que responde a la planificación de una agenda de medidas sociales “dentro del Parlamento y fuera del Parlamento”.
En caso de optar por impulsar medidas que no requieran pasar por el Congreso, el margen de maniobra del Gobierno se reduce considerablemente. La normativa vigente impide aprobar nuevas leyes sin la intervención del Parlamento, lo que cierra por completo esta vía de actuación. En cambio, el Ejecutivo puede recurrir a reglamentos o a reales decretos para desarrollar normativas vinculadas a leyes previamente aprobadas.
No obstante, la aplicabilidad y alcance exactos de esta fórmula permanecen abiertos, ya que la ministra Elma Saiz ha sostenido que existen “muchas cosas” que pueden hacerse de este modo, sin especificar cuáles. En todo caso, insistió en que aún existen numerosos objetivos por cumplir y recordó que los mandatos en España tienen una duración de cuatro años.
La legislatura en clave progresista “está agotada”
Gobernar a golpe de decreto tiene riesgos políticos, principalmente porque prolongar esta estrategia proyecta la imagen de un Ejecutivo que solo es capaz de aprobar “medidas cosméticas”. Y esta es precisamente la preocupación que reconocen los socios de investidura de Sánchez: “Parece que Sánchez está buscando titulares para salir de una situación crítica, no para arreglar problemas”, señalan fuentes de Podemos a Infobae.
Desde la formación morada consideran que esto es síntoma de que el Gobierno ha quemado todos los cartuchos y “su inacción ante asuntos como la vivienda, la corrupción o el machismo demuestran que la legislatura en clave progresista está agotada”.
La propuesta también enfurece al PNV, que desdeña que el Gobierno “quiere continuar la legislatura obviando que no tiene mayoría para gobernar”. El Parlamento, remarcan fuentes del partido, “es el que refleja la voluntad popular, y por ello no se debería hurtar al Congreso su deber de legislar y aprobar propuestas que sean estables”. “Por muy difícil que le resulte, debería negociar”, sentencian desde el partido que preside Aitor Esteban.
Mismas conclusiones que los aliados de Sánchez sacan desde el Partido Popular. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiso destacarlo en su balance del año, en el que apuntó que el Gobierno ha sido incapaz de ofrecer soluciones al problema de la vivienda y a la pérdida del nivel adquisitivo de las familias y jóvenes.
“Esas informaciones lo que vienen a confirmar es el suspenso en democracia que tiene Sánchez y la incapacidad de su Gobierno para aglutinar mayorías parlamentarias", señalan fuentes del PP consultadas por este periódico.
Las mismas fuentes, casi con las mismas palabras que la formación morada, ven “evidente” que con esta actitud “lo único que busca realmente es generar titulares para limpiar su propia imagen, pero no poner en marcha políticas sociales realistas que ayuden a la gente”. “Primero optó por la política decretazo y ahora que ya tampoco puede convalidar los decreto-ley, se inventan esta fórmula que es la nada”, sentencian.