Penélope tenía tres años y, oficialmente, no existía. No figuraba en ningún registro civil. Nunca había ido a la escuela y jamás había sido examinada por un médico. Vivía con sus padres en una vivienda de Hayes, al oeste de Londres, lejos de las miradas externas y al margen de cualquier control institucional. Según la acusación, en ese aislamiento absoluto, la niña fue debilitándose lentamente hasta morir de hambre.
El 17 de diciembre de 2023, la policía encontró su cuerpo “muy demacrado” envuelto en una sábana. Estaba extremadamente delgada, irreconocible para una niña de su edad. La autopsia confirmó lo que era evidente: la causa de la muerte fue la desnutrición.
Pero el examen forense reveló algo más que hambre. Penélope tenía marcas en el cuello que, según se explicó en el tribunal, eran “consistentes con el uso de ataduras”. En las manos presentaba lesiones “infligidas con un objeto afilado como un cuchillo”. No eran heridas accidentales ni recientes, sino señales de una vida marcada por el deterioro físico y el abandono.
Para la Fiscalía, esas lesiones encajan en un patrón de maltrato prolongado. El fiscal Philip McGhee fue tajante al exponer el caso: los padres “maltrataron a su hija durante un largo período de tiempo” y “la dejaron morir de hambre deliberadamente”, expuso.
Una dieta y una vida al límite
En la casa donde vivía Penélope, la comida era escasa y repetitiva. Según la acusación, la dieta familiar, de carácter vegetariano, se reducía a “yogur, lentejas y mantequilla”. Para una niña de tres años, esa alimentación era insuficiente y carente de nutrientes esenciales.
La Fiscalía sostiene que el deterioro físico de la menor no pudo pasar desapercibido para sus padres. Su pérdida de peso, su debilidad y su estado general eran, según el tribunal, señales claras de una desnutrición grave que se prolongó durante meses.
Invisible para todos
Penélope no solo pasó hambre: pasó desapercibida. Sus padres, Jaskiret Singh Uppal, de 36 años, y Manpreet Jatana, de 34, ambos vegetarianos y de origen indio, nunca registraron su nacimiento. Tampoco le proporcionaron atención médica ni educación. Según se explicó en la vista judicial, la pareja se había “aislado del resto del mundo”, lo que impidió que los servicios sociales detectaran la situación.
Cuando la niña falleció, el aislamiento continuó. Incluso, los acusados llegaron a plantearse incinerar su cuerpo en el jardín trasero de la vivienda antes de contactar con la funeraria, según la Fiscalía.
Los padres lo niegan todo
Uppal y Jatana compadecieron por videoconferencia desde las prisiones de HMP Pentoville y Bronzefield ante el Tribunal Central de la Corona de Londres. Allí se declararon inocentes de asesinato y también negaron los cargos de homicidio involuntario, causar o permitir la muerte de un menor y crueldad infantil.
La pareja, que se conoció en la universidad, llevaba tiempo sin trabajar y vivía en una casa propiedad del padre de Uppal. A día de hoy, permanecen en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, fijado para el 11 de enero de 2027.