No había salido el sol todavía en Puente de Vallecas. A las 7:30 de la mañana de un miércoles de diciembre, en la calle apenas se ha empezado a ver movimiento, pero José María Benito, inspector jefe de la Policía Judicial en la comisaría de la Policía Nacional del distrito, reúne a varios agentes para ultimar los detalles de un operativo de entrada y registro de un narcopiso de la zona, todo ello bajo la mirada atenta de los periodistas de EFE a los que han permitido asistir a aquello.
El tráfico de drogas es de lo que más ocupa a los agentes en el distrito. Este año, han desmantelado 21 pisos - contando con este último - a los que los consumidores de X o de Y acuden regularmente para hacerse con lo suyo, pero estiman que hay alrededor de medio centenar de ubicaciones de este tipo todavía operativas en el distrito, si bien en general dadas al menudeo o la venta al por menor.
De camino a recoger a la letrada de la Administración de Justicia, Benito continúa dando detalles a los agentes que le acompañan. En el piso - una vivienda grande, de tres habitaciones y en el bajo de un edificio de cinco pisos -, hay empadronadas nueve personas, entre ellas, el principal investigado: un hombre de 72 años con siete antecedentes por tráfico de drogas.
La intervención de un narcopiso dedicado al menudeo: 3.000 euros en efectivo, pero la cocaína por el váter
De las nueve, no está claro quien puede estar en el interior del apartamento, más allá del objetivo primario; y aunque no es probable, según el inspector, que los residentes tengan armas, pide a sus agentes precaución, además de recordar que se deben revisar todas las estancias y recoger de su interior todo aquello que consideren relevante para la investigación. “Por el piso pasan a lo largo del día unas 20 personas para comprar cocaína. No esperamos encontrar grandes cantidades de droga porque se dedican al menudeo. Se trata de desmantelar un piso más. No somos la UDYCO. Suerte y a por ello”, concluye.
Llegadas las ocho de la mañana, el grupo de Estupefacientes de Policía Judicial, del Grupo Operativo de Respuesta y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas está de camino al piso. Algún secreta - un agente de paisano - ronda ya el lugar, atento a cualquier señal que indique que el operativo puede verse frustrado. Todo va según lo esperado.
Los agentes, todos con el rostro oculto bajo una braga, entran al edificio sin problema alguno y llaman a la puerta del bajo, anunciando su presencia con el clásico “policía, abran la puerta”. Nadie abre, como esperaban, así que proceden a tirar la puerta abajo. Les lleva un rato, no demasiado pero el suficiente para que los residentes pudiesen deshacerse de la cocaína que guardaban tirándola al váter y por el desagüe del bidé, tirando por encima gel de baño para intentar burlar la prueba de narcóticos (sin éxito, ya que el narcotest dio positivo de toda formas); y para tirar su báscula electrónica de precisión por la ventana, aunque los agentes habían contado con esta posibilidad y uno de los policías de paisano que estaba apostado en el exterior del edificio la puede recoger.
En el interior del domicilio espera el principal sospechoso, junto a su mujer y su hijo, a quienes la letrada informa de la orden de entrada y registro. Esperan también unos 3.000 euros en efectivo en billetes de 50, 20, 10 y 5, tarros con una sustancia estupefaciente de color verde, cuerdas y plásticos para envolver la cocaína, además de otras dos balanzas y demás parafernalia que uno esperaría encontrar en un narcopiso. Tras una intervención que duró dos horas, los tres integrantes de la familia fueron arrestados y trasladados al calabozo, donde estarán hasta que pasen a disposición judicial.
Llamadas anónimas, un proceso “lento y tedioso” y un narcopiso reactivado años después
Fueron llamadas anónimas de ciudadanos y quejas de alguna asociación de vecinos - además de las propias investigaciones de la policía - las que, según explicaba a EFE el inspector jefe de la Policía Judicial del distrito, alertaron a los agentes de la presencia de este piso en particular.
El proceso para demostrar ante la autoridad judicial que en un piso se vende droga es “demasiado lento y tedioso”, valora Benito, y requiere presentar actas de incautación, hacer vigilancia y seguimiento de los sospechosos, y reunir, en suma, prueba suficiente para que no quepa lugar a dudas de que es necesaria una intervención policial.
Los agentes llevaban desde agosto dedicados a este piso, aunque cuando el sospechoso empezó a tomar medidas extra de seguridad - seguramente sospechando que estaba en el punto de mira -, las pesquisas se detuvieron temporalmente antes de ser retomadas a finales de octubre. La investigación dio sus frutos y la Policía pudo solicitar del juez un mandamiento de entrada y registro.
Este piso ya había sido desmantelado años antes, subraya Benito, pero acabó por reactivarse, algo que sucede de vez en cuando: se interviene un punto de venta, que “durante un periodo de tiempo permanece inactivo y, cuando se sienten seguros, cuando no sienten la presión policial, vuelven otra vez” a su actividad.