Tres años después de la aprobación de la Ley de libertad sexual, las comunidades autónomas todavía no han logrado mantener una correcta atención a las víctimas de violencia de género. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amnistía Internacional ha hecho público un informe que revela los obstáculos que las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual enfrentan en España.
La organización ha analizado la situación de los centros de crisis 24 horas en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia para constatar el funcionamiento “dispar” entre las regiones, que provoca que las mujeres se encuentren “perdidas” ante la violencia sexual. Amnistía Internacional certifica la existencia de barreras y obstáculos para las mujeres en las seis regiones analizadas, lo que “puede agravar su recuperación física y/o psicológica”, expresan en el informe.
El modelo de centros de crisis está reconocido internacionalmente como un recurso esencial para la atención y recuperación de las víctimas y supervivientes de violencia sexual. En España, la Conferencia Sectorial de Igualdad de abril de 2021 acordó un plan de apertura de 52 centros, uno por provincia y ciudad autónoma. Desde entonces, las comunidades han recibido fondos europeos y transferencias estatales, pero su apertura aún sufre retrasos: a finales de 2023, solo cuatro centros estaban abiertos en Madrid, Asturias, Navarra y Cantabria.
El resto de las comunidades autónomas no inició la actividad de sus centros hasta 2025 o a lo largo de ese año, tras sucesivas prórrogas para evitar la devolución de los fondos europeos. Al cierre del informe, todos los centros (excepto el de Ceuta) habían comenzado a funcionar, aunque muchos de ellos seguían en periodo de ajuste y adaptación, sin cumplir las garantías básicas de la atención a las víctimas.
Ni atención especializada ni 24 horas
“En general, la apertura de estos centros se ha caracterizado por la desidia en el tiempo y la falta de priorización de la atención a las víctimas de violencia sexual”, valora Amnistía Internacional. En ese sentido, la organización resalta los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a estos centros.
El primer obstáculo es la falta de información de los recursos existentes, que hace que muchas de las mujeres víctimas de violencia sexual desconozcan la existencia de los centros o cómo acceder a ellos. “Si las víctimas no cuentan en un primer momento con una información adecuada, accesible y pedagógica, esto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, señala Virginia Álvarez, responsable del informe.
Los centros de atención están organizados por organizaciones sin especialización en violencia sexual, denuncia Amnistía Internacional. A excepción de Asturias, las comunidades autónomas investigadas han licitado la gestión de los centros a entidades privadas, muchas de ellas sin trayectoria comprobada en atención a víctimas. Destaca especialmente el caso del centro de crisis de Vigo, que controla una empresa de la construcción española.
Además, la mayoría de los centros no están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana, como marcan los estándares internacionales. “Solo Galicia y Asturias cuentan con centros abiertos 24 horas los siete días de la semana”, especifica Amnistía internacional. El resto de comunidades garantizan únicamente la atención presencial durante el día y la atención telefónica fuera de ese horario, pero se trata de teléfonos generales no especializados.
Los obstáculos son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad, según Amnistía Internacional, que refleja la falta de una atención integral e interseccional. En cualquier caso, los centros existentes tampoco son suficientes, según marcan los estándares internacionales: el Consejo de Europa aconseja una ratio de 1 centro por cada 200.000 habitantes, una ratio que no cumple ninguna región en España. En este sentido, el informe denuncia las dificultades que viven las mujeres en el entorno rural para acceder a los recursos por la distancia a la que se encuentran.
La organización exige tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas que los centros sean accesibles 24/7 y cuenten con atención telefónica especializada y directa, equipos multidisciplinares con experiencia en violencia sexual y una financiación estable procedente de los Presupuestos del Estado.
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