La gestión del lobo ibérico vuelve a estar en el centro de la polémica en España. Tras los sucesivos cambios en su estatus legal, el Gobierno central y varias comunidades autónomas mantienen un enfrentamiento abierto sobre el futuro de la especie.
Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantiene bloqueada la disposición que permitiría la caza del depredador en todo el país, Asturias ha dado un paso inédito: autorizar a los cazadores a participar en el control de la población en reservas donde se han disparado los ataques al ganado.
Discrepancias entre el Gobierno y el sector primario
El sector ganadero acusa al Ejecutivo de obstaculizar la aplicación de la ley que rebajó la protección del lobo. “El Gobierno se agarra a todo tipo de maniobras para evitar la aplicación de la disposición transitoria que cambiaría la realidad con el lobo”, denunció Jorge Martínez Antolín, senador del PP por Palencia y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en declaraciones a El Debate.
Según Martínez Antolín, “la población del lobo continúa aumentando y los ganaderos pagan el bloqueo del Gobierno”, al tiempo que advierte de que el Ejecutivo “recurrirá a todas las herramientas posibles” para prolongar la situación.
El retraso en el envío del informe sexenal a Bruselas ha avivado las críticas. “Ahora, aprovechando los incendios, el Gobierno ha justificado que no pueden mandar el informe porque se desconoce el impacto del fuego en los lobos”, explicó José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas.
El papel del Defensor del Pueblo
La estrategia del Gobierno ha contado con un aliado inesperado: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Tras recibir 278 solicitudes, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la rebaja de protección aprobada en el Congreso. Para Castilla, se trata de “una artimaña como la copa de un pino” y responsabiliza a la Comisión Europea de poner freno “a estas prácticas”.
El recurso cuestiona varias disposiciones de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, que incluyó enmiendas del Senado para devolver al lobo al escenario previo a 2021, cuando la especie estaba blindada por el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).
Impacto en la ganadería
Las cifras reflejan el alcance del problema en el campo. En Castilla y León, 2024 cerró con un récord de 5.985 cabezas de ganado muertas por ataques de lobo, casi un 40 % más que en 2021. En Asturias, en 2023 se confirmaron 3.257 animales atacados y las indemnizaciones superaron el millón y medio de euros.
Además de las pérdidas directas, los ganaderos señalan costes ocultos: el estrés en los rebaños, la reducción de la producción de leche o carne y el refuerzo de vallados y sistemas de protección.
Asturias permite la caza del lobo
Para responder a esa presión, el Principado ha incorporado a los cazadores en su Plan de Gestión del Lobo. “El objetivo es aumentar la eficacia de las extracciones”, explicó la Consejería de Medio Rural, que prevé un máximo de 53 ejemplares abatidos hasta marzo de 2026 sobre una población mínima estimada en 345 lobos, cerca del 15 % del censo regional.
Según el Gobierno autonómico, el lobo ocupa el 83 % del territorio y se distribuye en unas 45 manadas que suman entre 360 y 405 ejemplares. La medida se aplicará solo en reservas donde se hayan registrado aumentos significativos de ataques, bajo supervisión de agentes del Medio Natural.
El Ministerio se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (2024) que establece que si una especie está en situación desfavorable en una parte de su territorio, debe considerarse así en todo su ámbito de distribución.
Críticas de las organizaciones ecologistas
El anuncio ha desatado el rechazo de colectivos conservacionistas. “Si el motivo de implicar a cazadores es la dificultad para alcanzar el número de lobos muertos fijados en los cupos, quizás la causa no sea la falta de eficacia, sino la propia escasez de lobos, algo que el Gobierno asturiano ni siquiera valora”, criticó el Fondo de Protección del Lobo.
WWF y Ecologistas en Acción han advertido de que recurrirán los planes autonómicos, aunque los primeros intentos judiciales en Cantabria fueron desestimados.