El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

El Gobierno ha activado el procedimiento para que los damnificados por las 121 emergencias de protección civil registradas en España desde el 24 de junio soliciten las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. De esta manera, el Consejo de Ministros ha declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas en las que se han producido episodios de este tipo, esto es, todas las autonomías menos el País Vasco.

Desde el 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha recibido información sobre 121 emergencias: “114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia”, según el Ministerio del Interior. Los siete avisos restantes se refieren a riadas e inundaciones provocadas por lluvias intensas en Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

El acuerdo del Consejo de Ministros detalla tres graves oleadas de grandes incendios forestales en los últimos dos meses. La primera, a finales de junio, afectó a Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, donde se activaron los planes autonómicos de prevención y lucha contra incendios. La segunda ola comenzó el 7 de julio con el incendio en Tarragona, en situación operativa 2, que “deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones”, según la información oficial. A partir del 11 de julio, se notificaron incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia, y la situación se agravó desde el 17 de julio con nuevos focos en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el CENEM recibió alertas en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se sumaron emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Illes Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel.

La tercera y más destructiva ola comenzó el 8 de agosto con incendios en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, se notificaron nuevas emergencias en León, Navarra, Ourense y Zamora. El 11 de agosto, “nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos”, según el Ministerio del Interior. El 12 de agosto, el CENEM recibió aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se sumaron a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios han continuado, afectando sobre todo a Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Ocho personas fallecidas

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

Las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior están destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales, en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes. Además, el acuerdo prevé que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico pueda aprobar una exención de tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados y expedición del DNI.

Otras medidas, competencia de otros ministerios, podrán incluir beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a corporaciones locales o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura. Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.