La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un comunicado en el que le acusa de colocar “dentro de su propio Gobierno” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El comunicado critica las declaraciones en las que Sánchez recalcó la confianza “total” del Ejecutivo en “su” fiscal general del Estado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no hallara mensajes en su teléfono móvil en el marco de la investigación por la filtración de los correos electrónicos del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Sánchez dijo que muchas personas debían pedir “perdón” a García Ortiz, que permanece investigado por un delito de revelación de secretos, por señalarle como el autor de dicha filtración. Tras la ausencia de material en el móvil intervenido al fiscal general, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado a la UCO que indague nuevamente en el dispositivo en busca de pruebas sobre su posible participación en las filtraciones.
“Nuevamente para el presidente del Gobierno, el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al Fiscal General del Estado dentro del propio Gobierno de la Nación”, rechaza la Asociación de Fiscales.
Asimismo, recalca que los miembros de la carrera fiscal se ven en mitad de un “ambiente de polarización política” condicionado, además, por la imputación del máximo representante de la institución, la primera de este cargo en democracia. La AF ha sido la asociación más dura con García Ortiz, cuyo cese y dimisión ha pedido en reiteradas ocasiones.
“Patrimonialización” del fiscal general
Las palabras del presidente del Gobierno, a juicio de la AF, han “patrimonializado al Fiscal General” sin que haya existido una “respuesta contundente de la propia Fiscalía General del Estado expresando su rechazo a tal intromisión”. Y añade: “Sin embargo, el clamoroso silencio ha sido la única respuesta. Nos parece tan preocupante que se vincule la Fiscalía con el Gobierno como el silencio de la institución ante semejante afirmación”.
En este sentido, la AF recuerda que “el Ministerio Fiscal no se integra en el Gobierno” y que su papel se ha constituido en defensa de toda la sociedad sin distinción y es “ajeno a los movimientos políticos”. Los valores del Ministerio Público pasan porque su máximo representante se ponga al servicio de toda la sociedad y no al del “gobierno de turno”.
En consecuencia, la Asociación de Fiscales pide que se elabore un comunicado desde la Fiscalía General del Estado dirigido a toda la sociedad explicando sin matices su posición neutral y su independencia respecto del Ejecutivo. “La comunicación pública de la Fiscalía General no puede ponerse al servicio de los intereses partidistas”, concluye.
El informe del análisis de sus dispositivos, al que tuvo acceso Infobae España, revelo que había “0 mensajes” en el teléfono de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, cuando el fiscal general pidió los correos cruzados entre el fiscal del caso y el abogado de Alberto González Amador y se filtraron a varios medios de comunicación.
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