El reciente aprobado concierto de Muface ha generado inquietud entre las aseguradoras que ofrecen cobertura sanitaria a 1,49 millones de funcionarios y sus familias en España. A pesar de que el Gobierno ha propuesto un aumento del 17% en las primas, las aseguradoras consideran que este incremento no es suficiente para cubrir los costos reales, especialmente con la incorporación de nuevas terapias oncológicas y servicios de atención bucodental.
El plazo para confirmar su adhesión o no al nuevo convenio finaliza el próximo 5 de noviembre antes de las 10:00 horas, pero de momento ninguna de las empresas se ha pronunciado al respecto. Tan solo Mapfre, que abandonó el sistema Muface en 2009, ha confirmado que no regresará.
En junio, la consejera delegada de Mapfre España, Elena Sanz, expresó su disposición a estudiar las condiciones del concurso, pero advirtió que solo participarían si era rentable, lo que parece no ser el caso. La compañía tampoco ha aclarado si continuará prestando servicio a la mutualidad judicial (Mugeju), ya que está analizando el pliego.
Un aumento de la prima histórico, pero insuficiente
El nuevo contrato, cuya licitación se lanzó el 14 de octubre, tiene un importe de 3.217,9 millones de euros, con un presupuesto de 2.681,6 millones para los dos años. Esto representa un aumento del 17,12% en la prima por asegurado, la mayor en la historia de Muface, situándola en 1.208,81 euros, lo que supone un incremento de 176,69 euros respecto a los 1.032,12 euros actuales. Sin embargo, las aseguradoras consideran que sería necesario un aumento del 38% para que el servicio no sea deficitario.
Además, el 17 de octubre, el Gobierno lanzó la licitación de los conciertos sanitarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) para 2025 y 2026, con presupuestos base de 1.201 y 175 millones de euros, respectivamente. Estas licitaciones estarán abiertas a ofertas hasta el 5 de noviembre.
Los conciertos para el periodo 2022-2024, que expiran el 31 de diciembre, fueron suscritos, en el caso de Isfas, con Adeslas y Asisa, y en el de Mugeju, con Asisa, DKV, Mapfre, Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Sanitas y SegurCaixa. Estas aseguradoras deberán decidir si continúan en el sistema antes del próximo martes, pero por el momento no han comunicado su decisión.
Reiteran, no obstante, que la elevada alta siniestralidad del colectivo de funcionarios, cada vez más envejecido, y los precios desactualizados del acuerdo vigente, les ocasionan pérdidas constantes y hace que el nuevo convenio no les salga rentable.
Uno de los principales puntos de conflicto es la inclusión de nuevas coberturas, como la atención bucodental y las terapias avanzadas para el tratamiento del cáncer. Estas adiciones se derivan de las políticas del Sistema Nacional de Salud, que ha ampliado su cartera de servicios en los últimos años. Las aseguradoras sostienen que estos nuevos servicios incrementan los costos, y el aumento de la prima no los cubre completamente. Las aseguradoras calculan que habrían perdido aproximadamente 200 millones de euros anuales, según fuentes del sector consultadas por EFE.
En el caso de SegurCaixa Adeslas, el 40% de los funcionarios atendidos tiene más de 55 años, lo que incrementa la frecuencia de uso de los servicios asistenciales y eleva la siniestralidad por encima del 100%.
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