El Ministerio de Hacienda ha intensificado la vigilancia sobre las criptomonedas en España, aprobando nuevas obligaciones de información y habilitando el embargo de estos activos para ciudadanos endeudados. Estas medidas responden al crecimiento significativo del sector de las criptomonedas y los desafíos que plantea en términos de regulación y control fiscal.
En este contexto, el Consejo ha aprobado el anteproyecto de ley que adapta la directiva europea sobre cooperación administrativa en materia fiscal (DAC8), lo que implicará cambios en la Ley General Tributaria para reforzar la colaboración entre países en asuntos fiscales. La normativa se someterá ahora a consulta pública.
Esta directiva establece que los proveedores de servicios de criptomonedas deberán cumplir con nuevas obligaciones de diligencia debida e información, afectando tanto a usuarios residentes como no residentes en España. Algo que, según el Ministerio de Hacienda permitirá una mayor transparencia y control sobre las operaciones con criptomonedas, facilitando la detección de posibles fraudes y evasiones fiscales.
La normativa también prevé que los proveedores de servicios de estos criptoactivos deberán reportar información detallada sobre las transacciones y los saldos de los usuarios, lo que permitirá a las autoridades fiscales tener un mayor control sobre estos activos digitales.
Otro de los cambios en la Ley General Tributaria implicará incluir las criptomonedas como bienes susceptibles de sufrir embargos y como bienes y derechos situados en entidades de pago.
La aprobación de esta normativa se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de criptomonedas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las autoridades fiscales de varios países han intensificado sus esfuerzos para regular este sector y garantizar que las criptomonedas no se utilicen para evadir impuestos.
Ya se puede pagar el alquiler con criptomonedas
Las criptomonedas se está convirtiendo en una opción viable para el pago de alquileres en España, en un contexto donde los precios de las viviendas continúan en aumento. La última Ley de Vivienda, vigente desde el 24 de mayo de 2023, ha restringido el uso de efectivo para el pago de alquileres, promoviendo métodos electrónicos. Esta normativa ha abierto la puerta a nuevas formas de transacción, incluyendo el uso de criptomonedas como el Bitcoin.
Según el portal inmobiliario Idealista, es posible pagar el alquiler con monedas digitales como Bitcoin o Ethereum, e incluso adquirir una vivienda con ellas. Estas transacciones son legales, aunque requieren el cumplimiento de ciertos requisitos:
- El arrendatario y el arrendador deben consentir conjuntamente el uso de Bitcoin o cualquier otra moneda digital para el pago del alquiler, lo cual debe quedar debidamente especificado en el contrato de arrendamiento
- Ambas partes deberán de contar con un monedero virtual en el que se pueda guardar la criptomoneda
- Las criptomonedas empleadas deben adherirse a la legislación vigente sobre la prevención del blanqueo de capitales
- Las criptomonedas deben poder ser convertibles a euros: se trata de un aspecto que implica cierto riesgo para ambas partes, dado que la volatilidad es una característica distintiva de estos activos digitales. Por ello, se recomienda fijar un momento específico para la conversión a euros ante notario, dado que el precio acordado en el contrato de alquiler se expresará siempre en euros, especifica Idealista.
Además, los titulares de criptomonedas que realicen operaciones con ellas están obligados a informar de dichas transacciones a la Agencia Tributaria en su declaración de la Renta.
El uso de Bitcoin para el pago de alquileres no solo ofrece una solución moderna y eficiente, sino que también refleja la adaptación del mercado inmobiliario a las nuevas tecnologías. A medida que más personas adoptan las criptomonedas, es probable que su uso en transacciones cotidianas, como el pago de alquileres, se vuelva más común.
*Noticia elaborada con información de EFE
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