El proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es un engranaje fundamental para la planificación y el control económico de un país. En el caso de España, el Gobierno tiene un límite claro para presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, lo que abre la puerta a un arduo proceso de negociación que culmina con su aprobación o, en su defecto, la prórroga de las cuentas del ejercicio anterior.
Este año, el reto es particularmente complejo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene como objetivo que las Cuentas del Estado para 2025 estén aprobadas antes del 31 de diciembre de 2024. Según la Constitución Española, el Gobierno debe presentar el proyecto de presupuestos al Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de las Cuentas del año anterior”, es decir, el texto debería estar sobre la mesa a más tardar a principios de octubre.
Un calendario ajustado
Aunque el Gobierno ya ha avanzado en la elaboración de lo que Montero ha denominado el “esqueleto” de los presupuestos, el camino hacia la aprobación de las cuentas para 2025 está lleno de retos para el Ejecutivo. Antes de que se pueda presentar el proyecto presupuestario, el Ejecutivo debe obtener el respaldo de las formaciones políticas para aprobar la senda de estabilidad, el documento que establece las líneas generales sobre las cuales se construyen los presupuestos.
Este punto ha sido un verdadero obstáculo. En julio, la primera versión de la senda de estabilidad fue rechazada por la falta de apoyo en el Congreso, especialmente después de que Junts, el partido catalán, decidiera en el último momento votar en contra. El fracaso de esta votación obligó a Montero a reconfigurar las negociaciones políticas, lo que ha generado retrasos y una mayor presión sobre el calendario.
Los apoyos parlamentarios, clave
El éxito de la tramitación parlamentaria de los presupuestos dependerá en gran medida de los apoyos políticos que el Gobierno consiga en las próximas semanas. Pedro Sánchez necesita asegurar el voto favorable de todas las formaciones que conforman el bloque de investidura, incluidos los diputados de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ambos con demandas específicas para Cataluña, que incluyen más inversión en la red de Cercanías y un modelo de financiación “singular”.
Estas exigencias regionales han complicado aún más las conversaciones, ya que otros partidos minoritarios, como Coalición Canaria y el BNG, también han mostrado su incomodidad con el trato preferencial hacia Cataluña, y exigirán mejoras para sus propias comunidades a cambio de sus votos. Por otro lado, la relación entre el PSOE y Podemos, otro de los socios clave del Gobierno, ha mostrado signos de desgaste en las últimas semanas. Desde Unidas Podemos han advertido que no apoyarán un presupuesto que incluya aumentos en el gasto de defensa, ni aceptarán recortes en áreas sociales.
El proceso legislativo y el margen de tiempo
Si bien el Gobierno tiene hasta principios de octubre para presentar el proyecto de presupuestos, este solo será el comienzo de un largo y complicado proceso de aprobación. Una vez que el texto sea registrado en el Congreso, comenzará su tramitación parlamentaria, que suele durar alrededor de tres meses. Esto significa que, si no se producen retrasos significativos, el Gobierno debería poder tener las cuentas aprobadas antes del 31 de diciembre de 2024.
El Congreso de los Diputados deberá debatir y votar las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, un proceso que puede ser particularmente largo, especialmente si los apoyos no están garantizados desde el principio. Si la Cámara Alta, es decir, el Senado, vetase el proyecto, el Congreso tiene la potestad de levantar ese veto, lo que añadiría más semanas al proceso.
Consecuencias de una posible prórroga
Si el Gobierno no consigue aprobar las cuentas a tiempo, se vería obligado a prorrogar los presupuestos de 2023, como ya ocurrió el año pasado. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de no aprobarse nuevos presupuestos antes del 1 de enero, las cuentas del año anterior se prorrogarán automáticamente. Esto significaría que el Ejecutivo tendría que seguir gestionando con unos presupuestos ya prorrogados, limitando su capacidad de maniobra para implementar nuevas políticas o adaptarse a los cambios económicos.
Un aspecto importante de los presupuestos para 2025 es que serán los primeros en aplicarse bajo las nuevas reglas fiscales europeas, que priorizan la sostenibilidad del gasto público a medio plazo, en lugar de enfocarse únicamente en el déficit anual. El Gobierno ha fijado el límite de gasto no financiero en 195.353 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,2 % respecto al año anterior. Este límite es clave para poder cumplir con los nuevos compromisos fiscales de la Unión Europea y reducir el déficit público al 2,5 % del PIB en 2025.
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