La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), “desde el ánimo constructivo”, ha desconvocado la manifestación prevista para este jueves en Madrid y ha decidido posponerla al jueves 29 de junio, tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Transportes.
“Recibimos el compromiso del Ministerio de sacar adelante un texto que ordene la situación y creemos que es lo propio por nuestra parte”, ha señalado el presidente de la asociación, Julio Sanz, al tiempo que ha dejado claro que “se trata de un aplazamiento y el sector volverá a la calle si no hay un texto en los próximos días”.
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Para Sanz, lo primordial en este momento es contribuir de manera responsable a conseguir una norma que proteja al sector y evite la liberalización total del transporte urbano. A su juicio, es una “buena noticia” que el Ministerio haya mostrado voluntad política y su compromiso con el sector.
“Desde el taxi queremos confirmar nuestra expectativa de que en estos días el Gobierno pueda acabar de cerrar una solución a las cuestiones que están sobre la mesa. En consecuencia, aplazamos la protesta”, ha señalado, tras agradecer la reunión mantenida en la tarde del 21 de junio en el Ministerio de Transportes.
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Durante dicha reunión, Antaxi presentó información relacionada con la situación actual de las autorizaciones de transporte urbano y advirtió de las inquietudes que para el sector comporta la situación actual.
Y es que, en su opinión, la incertidumbre derivada de las posibles interpretaciones de la sentencia del TJUE pueden agravar la situación a la que viene siendo sometida el sector, así como la movilidad de las ciudades.
Desde Antaxi afirman que “aunque el Ministerio ha mostrado disposición a escuchar, no se nos ha acabado de trasladar una posición que garantice la estabilidad del sector y evite la liberalización total de las VTC”.
A juicio del presidente de la asociación, “es muy valorable la disposición del Ministerio, y desde Antaxi queremos corresponder a ella, pero entendemos que tienen que seguir trabajando por cerrar un texto que dé garantías y seguridad jurídica a las más de 100.000 familias de las que depende el sector”.
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