Cuando el buque Prestige encalló frente a las costas de Galicia y empezó a volcar las 77 toneladas de fuel pesado que llevaba en sus entrañas, nadie imaginó que se estaba conformando el desastre ambiental de mayor repercusión política y mayor costo económico de la historia europea. Y mayor injusticia.
La marea negra que alcanzó los ríos gallegos equiparó a la marea de euros -más de diez mil millones- que debieron emplearse para sellar la panza del buque y remediar los daños iniciados el 13 de noviembre de 2002. España fue víctima, en ese caso, de la oscura trama del negocio del petróleo barato.
El Prestige era un petrolero monocasco que llevaba bandera de Bahamas y registro de navegación griego. Su propietario era una empresa de Liberia, Mare Shipping, y la carga propiedad de la petrolera rusa Crown Resources, con sede en Suiza. El buque había sido cargado en San Petersburgo y su destino era Singapur. Lo primero que brotó, junto con el crudo, fueron las especulaciones respecto a los motivos del accidente: luego de la delirante hipótesis de un tronco a la deriva se admitió que la fatiga de materiales, en un barco de casi treinta años y pésimo estado de mantenimiento, eran más que plausibles. En la posterior investigación se supo que era su último viaje previsto: ya había sido determinado que pasaría a desguace.
Apenas provocado el accidente y rescatada la tripulación comenzó el espectáculo de improvisación y desconcierto del gobierno español. "No es una marea negra sino un pequeño vertido de fuel", sintetizó un ministro del gobierno de José María Aznar: la intención, inútil como siempre, era tapar el crudo con la mano. La marea negra finalmente llegó a la costa, donde cubrió 300 kilómetros de las playas más valiosas de Galicia, y a Madrid, en donde gracias a la impericia ayudó a la caída de imagen del gobierno español. El malestar fue tal que hasta el escritor y premio Nobel José Saramago se horrorizó por "el ocultamiento, la distorsión de los hechos, la mentira sin disfraz".
Recién un año más tarde, en octubre de 2003, se restituyó la actividad de pesca en las costas de Galicia. Hasta entonces y, entre otros daños, el desastre había dejado unas 150.000 aves muertas y una pérdida de la fauna marina imposible de calcular.
La Justicia también decidió asociarse al desastre. En Estados Unidos desestimó una demanda por negligencia que, dijeron los jueces, no pudo probarse. En España, dio lugar al mayor juicio ambiental de la historia, que duró nueve años con un expediente de 230.000 folios y un pedido de indemnización de más de 4.000 millones de euros. En nombre del sarcasmo, exactamente el mismo día del accidente pero once años más tarde, la justicia española difundió la sentencia: no había culpables. A ninguno de los perejiles sentados en el banquillo pudo probársele delito ecológico mientras los dueños del barco, del petróleo y de la irresponsabilidad política lo miraban por televisión. Quizás gracias a ese fallo se pueda entender por qué siete de los diez mayores derrames de petróleo en Europa de los últimos treinta años se produjeron frente a las costas de Galicia.
Cicatrices es una sección del programa Ambiente y Medio que se emite todos los sábados a las 16 por la Televisión Pública Argentina
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