La posibilidad de pagar sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o similares, incluida en el proyecto oficial de reforma laboral, disparó críticas del sector bancario. Un informe encargado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA) a la consultora CML&A, de Pablo Curat, estableció los 10 principales riesgos que traería la medida, tanto para los usuarios como para el sistema financiero y el Estado.
Al margen de algunos cuestionamientos específicos, ligados a la falta de garantía de los depósitos, la desprotección en caso de quiebra, al manejo del efectivo y al impacto en el crédito bancario, entre otros aspectos, el informe apoya la tendencia de millones de argentinos: cobrar su dinero en el banco pero gastarlo con una billetera. “Esta solución, ya vigente, ofrece lo mejor de ambos mundos”, analizó el reporte encargado por ADEBA.
“La interoperabilidad actual ya permite a los usuarios combinar la seguridad del CBU (para cobrar) con la agilidad del CVU (para gastar), respondiendo al deseo de obtener rentabilidad asumiendo un mayor riesgo sobre una parte del ingreso mensual. El asalariado o jubilado, una vez que recibe sus haberes en una entidad financiera segura (CBU), puede transferirlo total o parcialmente en el acto y sin costo a una CVU si así lo desea“, señaló.
Estas son los riesgos centrales que los bancos objetan a la idea de que las billeteras puedan acreditar sueldos y jubilaciones, según el documento de CML&A:
1. Menor protección legal para el salario y la jubilación. El informe señala: “El riesgo más grave es la anulación de las protecciones legales” para el receptor de esos haberes. Las billeteras virtuales no garantizan el carácter alimentario de los fondos, lo que expone a los usuarios a embargos totales o a la compensación unilateral de deudas (cobrar la cuota de un préstamo debitándola el sueldo), prácticas que están prohibidas en el sistema bancario tradicional.
2. Ausencia del régimen de garantía de los depósitos. Según el documento, si una billetera quiebra, “los fondos de los usuarios no están protegidos”. A diferencia de los bancos, las cuentas de pago (CVU) no cuentan con la cobertura del seguro de depósitos de SEDESA, que cubre hasta $25 millones por cuenta y por cliente. “Esta desprotección se agrava al no contar con el estatus de ‘pasivo privilegiado’ ni con el proceso de resolución especial en caso de quiebra que sí tienen los depósitos bancarios”, agregó.
3. Antecedentes de fraudes y quiebras en fintech. En los últimos 30 años, en la Argentina cerraron 28 entidades financieras. Los mecanismos legales y el sistema de SEDESA “permitieron cubrir la totalidad de los depósitos bancarios”.
El informe marca un contraste con las fintech y advierte que “la experiencia internacional y local muestra que el riesgo no es marginal”. Casos como Wirecard, FTX y Wenance han demostrado que, en situaciones de fraude o default, los usuarios de fintech pueden perder la totalidad de sus fondos sin posibilidad de rescate por parte de bancos centrales o garantías públicas.
4. Menor acceso gratuito al efectivo. “La provisión de efectivo gratuita es una obligación básica de los bancos para las cuentas sueldo y previsionales. Los jubilados, especialmente aquellos que cobran la mínima, retiran la mayor parte de sus haberes en efectivo”. El reporte alerta sobre un punto crítico: la reposición diaria de los cajeros automáticos es el principal costo operativo de los bancos.
Si las billeteras captan las cuentas sueldo sin una red de cajeros propia, podría darse “un subsidio cruzado de los bancos al servicio de las fintech que afectaría la rentabilidad del sector y la calidad del servicio”. Otra opción sería que las billeteras usen la red de cajeros no bancarios, que no solo tiene alcance limitado sino que además obligaría a los usuarios a pagar comisiones adicionales para retirar su dinero.
5. Dificultades para el acceso a efectivo en moneda extranjera. En una economía bimonetaria como la argentina, la posibilidad de retirar dólares u otras monedas extranjeras es un servicio demandado por los ahorristas. Las billeteras virtuales no están habilitadas para operar en cambios ni para dispensar efectivo en moneda extranjera, lo que limita las opciones de los usuarios.
6. Riesgo de rescate de una billetera. Ante la ausencia de un régimen garantía de depósitos explícita, si una billetera virtual de gran tamaño enfrentase problemas de liquidez, “el Banco Central se verá en la disyuntiva de asistirlo (generando riesgo moral y potencial emisión) o permitir que millones de usuarios pierdan sus ahorros e inversiones, con un alto costo social y político”.
7. Reducción de la capacidad prestable de los bancos. Para el informe que Adeba le encargó a CML&A, la rentabilidad con liquidez inmediata que dan las cuentas remuneradas tiene como costo una menor disponibilidad de crédito para el resto de la economía. Y estima en un 60% la reducción de la capacidad prestable de los depósitos como consecuencia del auge de las billeteras.
La migración de fondos desde cuentas bancarias a billeteras virtuales impacta negativamente en la capacidad de los bancos para otorgar créditos a mediano y largo plazo. El documento estima: “Cuanto mayor sea la proporción de los fondos captados por las billeteras, menor será la capacidad prestable del sistema a más de 30 días y, por lo tanto, menor será el grado de bancarización (Préstamos/PBI). Llevado al extremo, si todos los saldos de CBU fueran a CVU, desaparecería la totalidad del crédito bancario al sector privado a más de 30 días”.
8. Falta de capacidad técnica y legal para procesar embargos judiciales. El informe advierte: “Existe un alto riesgo de que los PSCP no tengan la capacidad técnica ni legal para procesar correctamente los oficios de embargo judicial”, lo que podría derivar en errores, litigiosidad y afectación de derechos básicos de los usuarios.
9. Pérdida de trazabilidad y formalidad en los pagos. La supervisión de las billeteras virtuales “es menos estricta que la del sistema bancario, lo que genera “zonas grises” regulatorias" y puede dificultar la prevención de lavado de activos y la trazabilidad de los fondos. Ese riesgo existe aún cuando se trate de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
10. Contingencia legal para empleadores y el Estado. El informe concluye que, al autorizar el pago de sueldos y jubilaciones en cuentas no bancarias, se crea una contingencia legal: “En caso de quiebra de la PSPCP, donde los fondos no tienen seguro de depósito ni estatus de pasivo privilegiado, el trabajador puede accionar sobre el empleador y el Estado para recuperar su sueldo, argumentando el carácter alimentario de los fondos”.