Si bien la Argentina recibió en abril casi USD 12.400 millones del FMI en el inicio de la “Fase 3” del programa económico y, ya aprobada la primera revisión, ingresarán otros USD 2.100 millones, la etapa en que los envíos de dólares del Fondo superan a los pagos que la Argentina le hace en concepto de capital e intereses va llegando a su fin.
De hecho, aun contando el nuevo desembolso que llegará de Washington, de ahora y hasta diciembre de 2027 la Argentina le pagará al Fondo bastante más de lo que recibe del organismo. En lenguaje técnico, el “flujo neto” será negativo para el país.
“Del nuevo desembolso de USD 2.100 millones, USD 801 millones se usarán para pagar los intereses de agosto. Y a partir del siguiente desembolso (programado para noviembre), estos empiezan a ser negativos. Si bien la primera amortización de capital arranca en septiembre 2026, el pago de intereses con desembolsos más chicos y más espaciados explica que para fines de 2027 el país habrá pagado USD 7.200 millones netos (contando el mismo desembolso)”, precisa al respecto el reciente informe mensual de la consultora Eco Go, que dirige la economista Marina dal Poggetto.
El gráfico adjunto muestra en celeste claro los pagos de intereses, en gris los desembolsos del FMI y la línea verde muestra el “flujo neto” entre hoy y diciembre de 2027, cuando expira el actual mandato presidencial.
El informe de la consultora es previo a la aprobación que el directorio del FMI dio en la semana a la primera revisión del acuerdo con la Argentina, que habilitará un próximo desembolso de poco más de USD 2.000 millones, pero esa revisión, si bien modera el ritmo de acumulación de reservas, no cambia el cronograma de pagos y desembolsos.
Según reporta el propio FMI, la Argentina le debe unos USD 48.000 millones, que se estirarán a poco más de USD 50.000 con el nuevo envío de fondos. Los restantes desembolsos del FMI serán más modestos y espaciados: USD 1.000 millones en noviembre de este año y cuatro desembolsos de USD 700 millones cada uno en mayo y noviembre de 2026 y 2027. Pero en septiembre del año próximo a los pagos de intereses empezarán a sumarse los de capital; el momento en que la Argentina debe empezar achicar el saldo deudor.
En su informe, Eco Go reseña que en abril, cuando se alcanzó el acuerdo vigente, el gobierno, a instancias del FMI, abandonó el deslizamiento (crawl) mensual del 1% del dólar oficial, en busca de dólar y tasas de interés más altas y el objetivo de acumular reservas en una banda cambiaria amplia (inicialmente de $1.000 a 1.400), con el objetivo de lograr una reducción del riesgo país que hiciera posible la refinanciación “en el mercado” de la deuda en divisas.
El gobierno, sin embargo, desestimó acumular reservas, dijo que compraría solo en el piso de la banda porque –supuestamente- en flotación cambiaria no hacen falta reservas. El riesgo-país nunca bajó de 600 puntos y para hacerse de dólares el gobierno colocó bonos en pesos a no residentes que pagaron en dólares, política que luego chocó con el aumento de las tasas de interés.
Acumular dólares
En definitiva, la acumulación de dólares sigue siendo un problema, como reconocieron el gobierno y el FMI al dispensar esa meta en la primera revisión y relajarla para el resto del plazo del programa.
Detrás de esa dificultad está la persistencia de la demanda de dólares de las “personas humanas”, ya liberadas del cepo. Al respecto, Eco Go señala que en lo que va del año la “formación de activos externos” (esto es, atesoramiento de dólares) y el gasto en turismo externo sumaron USD 14.690 millones.
Esa demanda estuvo abastecida por una liquidación récord de exportaciones (USD 8.000 millones promedio por mes), en gran medida del campo, y por financiamiento privado.
“La expectativa de que la formación de activos externos quede en el sistema se va diluyendo, lo mismo que el anuncio del programa para usar los dólares del colchón”, dice el informe. Y otra fuente de divisas, la inversión extranjera directa (IED) sigue sin aparecer y es de hecho negativa, con empresas locales que compran activos de empresas extranjeras, más allá de la cantidad y el volumen declarado de futuros aportes de capital por los proyectos ingresados al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).