La canasta de servicios públicos de un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, alcanzó los $166.559 pesos en mayo. Esto representa un aumento del 16,8% respecto a abril, muy por encima de la inflación que fue del 2,8%, y del 45% en relación a igual mes de 2024. Se da en el marco de la actualización de los cuadros tarifarios.
Así surge de un informe del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). Vale destacar que hace un año la canasta total de servicios era de $115.202.
En detalle, un hogar del área metropolitana debió gastar en promedio $62.958 por el servicio de transporte, $36.374 en gas natural, $36.973 en energía eléctrica y $32.253 en agua.
El mayor alza se observó en transporte, siendo el costo un 54% más elevado que el mismo mes del año pasado, cuando el gasto alcanzaba los $40.906.
El alza de la canasta se explica “tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el incremento en el consumo estacional de gas natural”, señaló el IIEP en su informe.
Además, detalla que en los 18 meses que van desde diciembre de 2023 a mayo de este año la canasta se incrementó 500%, mientras que la inflación fue de 149%.
Destacaron también que la variación respecto a mayo de 2024 del 45% fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Esto sugiere cierta convergencia de las variaciones en el mes de mayo que, en términos energéticos, es un mes donde los consumos comienzan a reflejar la llegada de días más fríos en la antesala del invierno. Es un periodo donde el efecto de las cantidades es significativo para explicar las variaciones en el valor de las facturas finales a los usuarios”, explicó el IIEP.
Por servicio, el incremento más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 54% y en energía eléctrica con el 48%. Por otra parte, el gasto en gas natural y agua aumentó 30% y 42%, respectivamente.
Es relevante mencionar que pese a dichas subas, en el AMBA se pagan tarifas que en promedio cubren el solo 56% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 44% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.
En relación a los ingresos, la canasta de servicios públicos ya representa el 11,6% del salario promedio registrado estimado en $1.432.538. El peso del transporte representa el 38% del gasto y “es significativamente más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.
Otro punto a destacar es que los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte presentaron una reducción nominal del 53% anual, lo que implica un recorte del 68% en términos reales.
Cuánto se paga de luz cada provincia
Por otro lado, la factura eléctrica promedio total país es de $60.724 para un hogar de altos ingresos (N1), $35.291 para uno de ingresos bajos (N2) y $41.900 para los de ingresos medios (N3).
En tanto las jurisdicciones con las tarifas más costosas son Río Negro y Neuquén. En el primer caso, los usuarios N2 pagan $64.914, mientras que los N3, $71.430. En el segundo caso, los N1 abonan $101.244.
Aquellas con las menores facturas son el AMBA- Edesur ($37.194 para los N1) y Santa Cruz ($11.671 para los N2 y $16.845 para los N3).
Las razones que explican la dispararidad son diferentes en cada caso.
En este sentido, “es necesario puntualizar que en el sector de distribución conviven empresas públicas (provinciales), empresas privadas y cooperativas, alcanzadas por marcos regulatorios nacionales, como en el caso de EDENOR y EDESUR, provinciales y municipales en el caso de cooperativas. La dispersión de tarifas es multicausal, es un proceso complejo de identificación de costos que reflejan las características propias de la red, de la región en donde se presta el servicio y de la frecuencia de actualizaciones sobre los costos de distribuir la energía”, explica el IIEP.
A su vez, “responde no solo a diferentes estructuras tarifarias, y a características estructurales propias del servicio público de distribución, sino también a factores exógenos como la existencia de diferentes cargas impositivas y anomalías regulatorias que altera artificialmente los niveles tarifarios en algunas jurisdicciones”, agrega.