La provincia de La Rioja se acerca a su primer año en default. En febrero del año pasado anunció el impago de intereses de sus bonos en moneda extranjera y desde ese momento se involucró en negociaciones con los tenedores de esos títulos públicos para reestructurar los pagos, pero todavía las conversaciones no llegaron a buen puerto y es la única provincia que está en situación de mora de sus pasivos.
A fines de febrero del año pasado, el gobierno de Ricardo Quintela anunció a sus acreedores que no pagaría un vencimiento de USD 26 millones y que iniciaría el proceso de renegociación de su deuda. La Rioja aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago. Esa provincia estaba, además, en medio de un contexto de emisión de una cuasimoneda.
Según afirmaron a Infobae fuentes de la provincia con conocimiento de las negociaciones, el gobierno riojano todavía sostiene un canal de diálogo con los inversores para reestructurar los pagos de ese bono. “Las negociaciones siguen en pie, nunca se cortaron desde hace un año aproximadamente. Hubo un sustancial acercamiento pero aún sin cierre o acuerdo final, seguimos conversando”, mencionó una alta fuente provincial.
Se trata de un bono en dólares emitido en 2017 cuando el país todavía tenía abiertos los mercados internacionales de deuda. Fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028. La Rioja, de esta forma, fue la primera provincia que manifestó inconvenientes financieros para hacer frente a los vencimientos de su deuda. Tras ese anuncio, se especuló con que otras provincias podría también sentir los efectos del corte en las transferencias desde Nación y que sus posibilidades de pago queden comprometidas, pero La Rioja terminó por ser la única que quedó en mora.
Los bonistas representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”. Además, afirmaron que esa situación socava los esfuerzos del gobierno nacional de Argentina para revertir la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.
El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021.
“En febrero de 2024 , la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (” PEA “). Luego, la Provincia concluyó una venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por US$171 millones a Pampa Energia SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos”, apuntaron los bonistas.
Este grupo fue a los tribunales de los Estados Unidos y consiguió un fallo a favor. El Tribunal de Nueva York ordenó al gobierno de esa provincia pagarle USD 39,9 millones a los bonistas, más un dinero adicional que se sumará de manera diaria. Por un lado, La Rioja tendrá que abonar USD 25.964.556 a Beauregarde Holdings LLP por daños, más un adicional de intereses diarios de USD 6.107 hasta que se dicte la sentencia final.
Por otra parte, tendrá que abonar USD 12.765.640 por daños a Beauregarde Holdings II LLP, más USD 3.002 diarios y deberá pagar otros USD 1.126.286 a Sandglass Select Fund, más un interés diario de USD 264, también hasta que se dicte la sentencia definitiva. El fallo fue dictado por la jueza Jessica Clarke.