
Con la probable postergación de un nuevo incremento de transporte y de las tarifas energéticas, el Gobierno busca acelerar el proceso de baja de la inflación. Posiblemente en marzo el índice arroje un resultado parecido al de febrero o incluso levemente por encima. Pero la apuesta es conseguir un resultado contundente en abril, con la posibilidad cierta de volver a un dígito, algo que no sucede desde el 8,3% de octubre del año pasado y en medio de un fuerte congelamiento de precios.
Retrasar la suba de tarifas obviamente impacta negativamente en el plan de reducción de subsidios, que representa una parte relevante del plan para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, como el resultado fiscal fue incluso mejor al esperado en el primer trimestre, hay un margen mayor para aflojar el ritmo de ajuste de las cuentas públicas.
La baja de la inflación es claramente una de las prioridades de Javier Milei y mostrar resultados en esa batalla es clave para que la gente siga apoyando la gestión oficial que ya cumplió 100 días. La expectativa en Wall Street supera incluso los números que maneja el Gobierno y proyectan que la desaceleración inflacionaria será mucho más marcada en el segundo semestre.

Por otra parte, el eventual derrumbe de la inflación llegaría antes que la reactivación económica. Al mismo tiempo, le permitiría al Presidente mantener un elevado nivel de aprobación para su gestión, que se mantiene levemente arriba del 50% en las encuestas.
Los datos preliminares sobre la evolución de la canasta básica en marzo también estarían mostrando una fuerte desaceleración, luego de una primera semana que arrancó más caliente.
Sin embargo, ya en la segunda semana hubo muchos precios rebajados, lo que se estaría reflejando en una importante disminución de la inflación núcleo. En la segunda semana el aumento habría sido de sólo 1,7%, el nivel más bajo desde septiembre según las estimaciones del economista Fausto Spotorno.
El “círculo virtuoso” al que apunta el Gobierno es que la rebaja de la inflación dé lugar a una recuperación gradual de los salarios. Pero, además, también ayudaría al proceso de reactivación el regreso del crédito, impulsados por una menor tasa de interés y la menor demanda de financiamiento por parte del Tesoro.
La postergación del aumento tarifario va de la mano de la preocupación del Gobierno de aflojar el ajuste que recae en los bolsillos de las familias y ponerle más peso al achicamiento de la estructura del Estado. Incluso fue la propia número dos del FMI, Gita Gopinath, quien recomendó al Gobierno que evite que el ajuste sea sobre la población de menores recursos o sobre los jubilados.

El peligro es que el impacto recaiga excesivamente sobre la clase media, que ya tuvo que enfrentar la suba de los servicios regulados como la telefonía celular, Internet, medicina prepaga, colegios o clubes. Para colmo, ahora sigue la discusión por la posible reimplantación del impuesto a las Ganancias para los salarios, previo al cambio legislativo del año pasado que impulsó el propio ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.
Por el momento no hay acuerdo entre Nación y provincias para avanzar, debido al fuerte costo que generaría entre más de 800.000 asalariados que volverían a tributar. Al tratarse de un impuesto coparticipable, parte de la recaudación adicional correspondería a la Nación pero otra a las provincias, por tratarse de un impuesto coparticipable.
Mientras tanto, los mercados siguen fuertemente optimistas con la Argentina, apostando justamente a que se mantendrá el superávit fiscal y que la inflación consolidará su tendencia bajista en los próximos meses Ayer los bonos tuvieron subas de hasta 3%, mientras que los bonos (AL2029 y AL2030) más cortos superaron los USD 50.
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