El juez civil y comercial de la segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso de acreedores. De esta manera, abrió la vía del cramdown, o salvataje, a partir del próximo lunes.
El fallo, si bien rechaza las impugnaciones presentadas por actores en el proceso como el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y Commodities –un acreedor granario privado–, termina no homologando el acuerdo como se planteaba.
La disposición está contemplada en la ley de Quiebras y Concursos para darle continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía.
La misma norma contempla que la propia concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown) que se extenderá hasta fines de septiembre.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, compartió el fallo a través de su cuenta de Twitter, pero evitó dar su opinión al respecto.
Por su parte, el directorio de la compañía emitió un comunicado informando que, “ejerciendo sus legítimos derechos, Vicentin apelará la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables”.
Qué dice el fallo
El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que “el impedimento (para homologar) surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.
La resolución “encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta”, añade el escrito.
Para Lorenzini, la propuesta presentada por Vicentin, que cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de USD 30.000, no contempla sin embargo en igualdad de condiciones al resto de los acreedores de mayor monto, que terminarían de cobrar en 12 años y con una quita cercana al 80 por ciento.
Así, sostuvo que el acuerdo que Vicentin pidió que homologara “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.
Entre otros elementos, señala la resolución que “del análisis realizado sobre los contratos vinculados acompañados, no surge cuál será el resultado patrimonial de su tenencia; no organiza sistemas que respeten la libertad de los acreedores (por ejemplo, mediante un retiro programado de acciones privilegiadas, o la percepción de dividendos, o el pago de intereses)”.
De ese modo, el juez dio por caída la propuesta de pago presentada por la agroexportadora santafesina que incluía la transferencia de acciones a los denominados “interesados estratégicos”, que eran Bunge SA; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra SA (ex Glencore, con la que Vicentín aún es socia en la planta de crushing de Renova).
La propuesta
Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi USD 1.500 millones.
La propuesta contaba con las mayorías de acreedores y de capital exigidas por la ley, pero el juez señaló que ese requisito “no es suficiente para obtener la homologación judicial” del acuerdo.
Con respecto a las acciones que Vicentin ofrecía a través de un fideicomiso, el juez determinó que “los acreedores no cuentan con la alternativa de transferir libremente sus certificados de participación en el fideicomiso, antes del plazo establecido para su rescate definitivo”.
“Tampoco se contempla un eventual dividendo sobre las acciones por parte de sus tenedores mediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique una espera tan prolongada, en el supuesto de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada”, agregó.
Los oferentes interesados en la continuidad de la agroexportadora deberán realizar un depósito de garantía de USD 100.000.
A la vez, el juez instruyó a la Sindicatura del concurso para que en un plazo máximo de 5 días hábiles presente “un cronograma definitivo para el período de concurrencia” que podrá acordar con la intervención de la sociedad.
La expropiación fallida
En junio del 2020, seis meses después de que la empresa entrara en cesación de pagos, el presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervendría a la exportadora de cereales, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar; para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismo que los productores que le venden lo que producen”, había justificado el mandatario nacional.
La idea del Gobierno era tomar el control del 51% de la compañía que ya entonces se encontraba en concurso de acreedores.
El anuncio generó el rechazo absoluto por parte de las autoridades de la empresa y por sus trabajadores, que se manifestaron junto a miles de personas en la localidad de Avellaneda, donde nació la empresa.
Luego, el Gobierno Nacional dio marcha atrás y le propuso al juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dejar de lado el proyecto de expropiación de la cerealera a cambio de que acepte a sus interventores.
Sin embargo, Lorenzini falló en contra del avance del Gobierno y los interventores, que se habían presentado en las oficinas de Avellaneda y Santa Fe, debieron retirarse de las instalaciones.
Con información de Télam