El Estado argentino tiene cada vez más empleados públicos, pero les paga cada vez menos

El gasto en personal del Sector Público nacional de la Argentina viene bajando y este año sería de 2,2% del PBI, contra el pico de 3,3% que había alcanzado en 2015. Pero eso no se debe a una disminución de la dotación de personal, sino a la pérdida del salario real de los empleados, precisa un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Los datos están en línea con otros reportados recientemente por el Ministerio de Trabajo de la Nación, según los cuales el número de empleados públicos, considerando también los de las provincias, es el mayor del último decenio y rozó en mayo los 3,5 millones de personas.

La comparación con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es instructiva al respecto. Argentina se halla en el grupo de países con alto nivel de empleo público en relación al total de ocupados. La lista es encabezada por Noruega, con 31 agentes estatales por cada 100 ocupados, y en el otro extremo se ubica Japón, con 6 agentes públicos cada 100 ocupados.

En ese ranking, la Argentina se ubica séptima, con 20 empleos públicos nacionales (en este caso el cálculo excluye los empleos provinciales y municipales) por cada 100 totales, solo por detrás de 4 países escandinavos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) y 2 de altos ingresos, Francia e Islandia. La cifra para la Argentina supera levemente los 18 empleados públicos por cada 100 ocupados que promedia la OCDE, está muy por encima de EEUU (15), México (13), Chile (12), Alemania (11), es dos veces y media la de Corea del Sur (8) y más que triplica la de Japón (6 empleos públicos cada 100 totales).

“Considerando que los países del norte de Europa suelen presentar un sector público con amplias funciones, que cumplen con calidad, la Argentina luce un nivel de empleo público por arriba de lo esperado, teniendo en cuenta las funciones públicas y la calidad con que se prestan”, dice el estudio.

La OCDE se formó en su origen para administrar el Plan Marshall, devino “Club de países ricos” y se amplió luego con la incorporación de naciones como Chile, México, Colombia, Hungría, Turquía y Portugal; proceso al que la Argentina postuló durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si se considera el gasto en personal sobre el gasto público total de todos los niveles de gobierno, Argentina se ubica en el octavo lugar, con un 27%, frente a un promedio OCDE del 23%, con un máximo de 32% en Islandia y un mínimo del 12% en Japón.

Cerca del promedio están países continentales como Francia y España. Argentina, en cambio, se encuentra próxima a naciones como Islandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, de alto peso de las remuneraciones al personal en el gasto público total y de la cantidad de empleados públicos sobre el empleo total. Casos opuestos son Japón, Corea del Sur, Alemania y Países Bajos.

México y Chile están en un grupo de países con un número de empleados estatales relativamente bajo pero cuyas remuneraciones tienen una incidencia relativamente alta en el gasto público total, consistente con empleo público jerarquizado y bien remunerado.

En la Argentina, en cambio, los empleados públicos son cada vez más, pero en promedio cada vez peor remunerados. Desde 2015, señalan Marcelo Capello, Nicolás Cámpoli y Juan Manuel López, autores del estudio, “la tendencia no fue siempre a la baja si lo que se analiza es el gasto en personal en moneda constante”. En 2021 y 2022 aumentó respecto al año anterior, y la mayor reducción ocurrió entre 2017 y 2020, cuando subió fuertemente el tipo de cambio oficial y la inflación”, precisan.

La licuación del gasto salarial en el sector público en los últimos años “se debe a la caída del salario real, ya que la planta de agentes estatales aumentó casi sin interrupciones, especialmente hasta 2015, y nuevamente desde 2020″, explica el informe, uno de cuyos gráficos muestra la evolución de la masa total de salarios públicos en valores constantes de junio de 2023, con un pico de casi $4,4 billones (millones de millones) en 2015, un mínimo de poco más de $3 billones en 2020, el primer año de la pandemia, cuando gran parte de la nómina de empleados públicos estuvo largamente inactiva, y poco menos de $1,5 billones en el primer semestre de este año.

Teniendo en cuenta la “estacionalidad” de las remuneraciones públicas, los autores calculan que al final de este año las mismas equivaldrán al 2,2% del PBI total, un tercio menos que el pico de 3,3% de 2015 y la proporción más baja desde entonces.

Lo sucedido tiene su lógica. “Ocurrió algo esperable para un país que agotó la posibilidad de aumentar la presión tributaria y que exhibe de todos modos un alto déficit fiscal que no puede financiar: el exceso de personal, así como la fuerte suba en la cantidad de jubilados, termina impactando, a mediano o largo plazo, sobre el nivel de los salarios públicos y de los haberes jubilatorios”, concluyeron los autores.

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