El Gobierno definió un tope de fondos para cada ministerio y empieza un control más estricto del gasto

El Ministerio de Economía empezó a bajar la línea al resto de las reparticiones del Estado de que no habrá para lo que resta del año un peso más de lo presupuestado. Para eso, el Palacio de Hacienda estableció en los últimos días cuáles serán las últimas “cuotas” de partidas presupuestarias con las que contarán el resto de los ministerios, para poder tener un control más estricto sobre el ritmo del gasto público.

El ministro de Economía Sergio Massa puso al frente de esa tarea al secretario de Hacienda Raúl Rigo y al jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur. Entre los dos tuvieron este martes, y lo seguirán haciendo a lo largo de la semana, principalmente el jueves, reuniones con representantes del resto de las dependencias del sector público para establecer una hoja de ruta para lo que resta del 2022.

En términos prácticos, esa hoja de ruta incluirá un tope establecido a los fondos presupuestarios de los que dispondrá cada área para los próximos meses. En junio el ministerio, en ese entonces comandado por Martín Guzmán, había realizado una “recalibración” en el reparto de créditos presupuestarios para cada ministerio por el hecho de trabajar el Gobierno con una proyección de inflación mayor. Esos serán, entonces, los fondos con los que podrán contar. Un detalle: ese decreto presupuestario se hizo con una inflación calculada en 62% anual, mientras ahora se espera una cifra que supere el 90 por ciento.

Ahora el Gobierno bajó la línea a cada dependencia de que no habrá más dinero de lo que estableció aquel decreto y que habrá nuevas “cuotas”, lo que está relacionado al ritmo al cual ese dinero llega efectivamente a cada rincón de la administración pública.

El Palacio de Hacienda busca, con este método que ya había anticipado en su breve paso por el ministerio Silvina Batakis, que el Estado solo pueda utilizar lo que previamente haya ingresado al fisco. Hay un asterisco que deberá resolver la nueva conducción económica: la masa de deuda flotante, es decir, pagos pisados, que se acumularon durante la primera mitad del año, y que superan los $800.000 millones.

Parte de la discusión sobre los límites que tendrá el Estado para fondear a los ministerios tuvo lugar este lunes con una reunión que mantuvieron Massa con su par de Hábitat Jorge Ferraresi. En la misma tónica, también pasaron por el despacho del ministro Rigo y la titular de Anses, Fernanda Raverta, para evaluar las posibilidades fiscales de un bono a jubilados, que sería anunciado este miércoles.

Massa necesitará una señal fiscal contundente para darle a entender al mercado y al organismo que apuntará a alcanzar ese objetivo. Para eso mencionó algunas decisiones como la puesta en marcha de topes de gasto para el sector público, un estricto congelamiento de las plantas de personal estatal y la prescindencia de emisión monetaria desde el Banco Central hacia el Tesoro.

Necesitará el Poder Ejecutivo, según estimaciones oficiales, corregir ese desvío de 0,7% del PBI en el que está incurriendo el sector público en su nivel de ejecución. En qué fondos se pondrá un freno de mano es una de las preguntas que todavía no respondió la nueva conducción económica. Hay algunos gastos que son más rígidos y que tienen menos margen para ser contraídos, principalmente el gasto social y jubilatorio que está indexado. Quedan así otros más discrecionales a mano, como la obra pública o las transferencias a provincias.

El ministro también dio orden de acelerar la elaboración del proyecto de Presupuesto 2023, a presentar el 15 de septiembre próximo, en 40 días, trabajo que también recaerá sobre Rigo, que de hecho ya había elaborado un anticipo enviado al Congreso horas antes de la renuncia de Martín Guzmán.

El nuevo presupuesto incluirá el resultado de las discusiones de Massa con el FMI en las próximas semanas. Según aseguran, ningún tema estará fuera de esa mesa en que se discutirá más allá del 2022, desde reservas, proyecciones de inflación o financiamiento al Tesoro desde el Banco Central.

El camino fiscal que ordenó Massa incluye otros dos pasos: el primero fue la devolución de $10.000 millones de adelantos transitorios del Tesoro hacia el Banco Central. No es una cifra considerable, pero implica un mensaje que el ministro de Economía busca dar al mercado: que no habrá en lo sucesivo más pedidos de asistencia a la autoridad monetaria.

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