Los gobernadores lograron pasar de tener un déficit de $6.500 millones hacia el tercer trimestre del año pasado a un superávit de $44.800 millones a esa altura de este año, incluso en el contexto de pandemia, caída de la recaudación y desplome económico. Tres razones explican esa mejora en las cuentas públicas provinciales: el recorte del gasto en obra pública, las paritarias estatales a la baja y el default de la deuda.
De acuerdo a un informe de la consultora Aerarium, especializada en finanzas de las provincias, la situación fiscal consolidada de los estados provinciales pasó de un déficit de 0,8% de los ingresos totales a un superávit de 2,8 por ciento. El relevamiento tomó en cuenta la información publicada por doce jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
A grandes rasgos, el paso del déficit al superávit provincial se refleja en un aumento de los ingresos a un ritmo mayor que los gastos (28,8% contra 24,5%, respectivamente). Tal el resultado agregado. Al interior, se observa que de la docena de provincias consideradas, nueve tienen superávit.
Santa Fe lidera ese aspecto con $18.951 millones a favor, seguida por Córdoba ($17.896 millones), CABA ($5.716 millones), Tucumán ($4.292 millones), Formosa ($3.451 millones), San Juan ($2.677 millones), Entre Ríos ($2.158 millones), La Rioja ($1.946 millones) y Tierra del Fuego ($5 millones). La contracara fueron Neuquén, con un rojo hacia el tercer trimestre de este año de $9.786 millones, Río Negro ($1.731 millones) y Salta ($754 millones).
El triple ajuste en las provincias
La pandemia implicó una dinámica fiscal para los gobernadores que les permitió (y en algunos casos los forzó) a hacer un recorte de una parte importante de sus gastos. Por caso, la principal erogación para las cuentas provinciales, que son los salarios públicos, tuvo una suba nominal leve. “La partida de personal, la más significativa dentro de los gastos operativos provinciales, presentó una disminución real cercana al 7%, situación generada por la falta de paritarias en la mayoría de las jurisdicciones”, explicó el informe de Aerarium.
Otro punto que explicó la mejora fiscal fue la renegociación de las deudas provinciales. Unas diez provincias comenzaron en paralelo a la Nación a rediscutir las condiciones de sus títulos públicos con sus acreedores privados. “En cuanto a los intereses de la deuda, registraron un crecimiento nominal del 17% respecto al acumulado de 2019, afectado a la baja ante la decisión de Entre Ríos, La Rioja, Neuquén y Río Negro de dejar de discontinuar los vencimientos de los servicios de deuda bajo legislación extranjera, encontrándose en situación de default o período de cura”, destacó el reporte privado.
Tal como informó Infobae, el gobierno cordobés comunicó la semana pasada que que se acogería al período de gracia de 30 días tras el vencimiento de un título público en dólares, para ganar tiempo hasta conseguir el respaldo de los bonistas. Así, Córdoba quedó en la misma situación que Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro, en negociación sin pagar los intereses. El resto de las provincias -Salta, Jujuy y Tierra del Fuego- continuaron abonando mientras buscan consenso con los acreedores. Chubut, Neuquén y Mendoza ya llegaron a acuerdos.
Un tercer ajuste fue el de la obra pública. “Los gastos en capital se retrajeron en un 25% respecto al mismo período del 2019 (47,8% ajustado por IPC), siendo uno de los catalizadores de la mayor solidez fiscal de las doce jurisdicciones” alcanzadas por el relevamiento, explicó Aerarium.
Los gobernadores sufrieron caídas en los niveles de recaudación como consecuencia de las medidas de aislamiento social y el impacto de la pandemia en la actividad económica. Parte de esos ingresos no percibidos fueron compensados por fondos de la Nación, que aumentaron un 60%. De ese total, “sólo el 17% de las fueron destinadas a financiar gastos en obras públicas, mientras que el restante 83% fueron para gastos de operación y asistencia directa a los perjudicados por la caída del nivel de actividad e ingresos”, publicó la consultora.
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