Los datos parciales de la ejecución presupuestaria hasta el 30 de septiembre dan cuenta de gastos totales por $4,61 millones, equivalente a 65,6% del total comprometido para el corriente año; aunque se reduce a 60,7% si se toma lo efectivamente pagado, unos $376 mil millones menos.
Mientras, del lado de los recursos, sumaron $4,31 billones, 69,9% del total esperado para todo el año, de los cuales apenas 43,1% se originaron en el cobro de impuestos y derechos aduaneros; y 22,7% correspondieron a percepciones de la Dirección Nacional de la Seguridad Social; pero contó con el aporte por el 30,9% del total de rentas de propiedad, como se definen a las ganancias transferidas al Tesoro por parte del Banco Central, principalmente, y en menor medida de las generadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. El resto se originó en el resultado de venta de acciones y propiedades del Estado, ingresos no tributarios, y transferencias corrientes, entre otras.
De ahí que la ejecución presupuestaria de la Administración Central cerró los primeros 9 meses con un déficit base caja de $299.402 millones, aunque el comprometido, que incluye el citado saldo impago en el período, sube a $675.035 millones, según los datos que registra la página del Ministerio de Economía.
El resultado negativo hubiese superado levemente los $2 billones, equivalente a 61% de los recursos genuinos (tributarios y de la Seguridad Social) del período, si el Banco Central no hubiera transferido las singulares ganancias contables generadas en un año en el q ueel PBI acumula un derrumbe de más de 12%, según las últimas estimaciones del Indec; y las reservas disponibles en divisas propias hayan caído bajo cero, pese a registrarse un superávit de la balanza comercial de más de USD 12.000 millones desde enero; y reducido a menos de la tercera parte el rojo del turismo internacional.
La contrapartida de semejante inyección de liquidez por parte del Banco Central para cubrir el severo exceso de gastos sobre los recursos genuinos, fue el acelerado aumento de los instrumentos de regulación monetaria, como las colocaciones de operaciones de Pases y Leliq en el sistema bancario, aunque ahora el ministro Guzmán y el presidente de la entidad, Miguel Pesce, acordaron comenzar a desarmar a partir del corriente mes para derivar el 20%, unos $270.000 millones a la compra de Letras de la Tesorería ajustables por la variación del tipo de cambio (dólar linked).
Distribución del gasto público
Claramente, la irrupción de la pandemia en marzo, y las medidas de aislamiento preventivo, no sólo provocaron una singular caída de los recursos tributarios vinculados con la actividad económica, sino también un notable aumento de las partidades para asistencia social.
Sin embargo, en la estructura del gasto de la administración pública nacional al cabo de los primeros 9 meses se advierten pocos cambios en distribución ministerial:
- El Sistema de Seguridad Social, a cargo del Ministerio de Trabajo, el cual incluye las transferencias al sector privado vinculadas con la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) representó 48,6% del total, $2,24 billones;
- Intereses de la deuda pública absorbieron 10,4%, unos $478.731 millones, aunque tras el acuerdo cerrado entre Economía y los acreedores internacionales en lo que resta del año se prevé un ahorro de más $68.500 millones, aunque ya se decidió redistribuir entre otras áreas de Gobierno, principalmente Desarrollo Productivo;
- Desarrollo Productivo explicó 7,4%, $341.495 millones;
- Obligaciones a cargo del Tesoro 6,6%, $303.621 millones;
- Ministerio de Educación 3,7%, $172.838 millones;
- Ministerio de Seguridad 3,5%, $156.169 millones;
- Ministerio de Desarrollo Social 3,2%, $148.913 millones;
- Presidencia 3,1%, $146.958 millones;
- Ministerio de Defensa 2,8%, $131.156 millones;
- Resto de Ministerios explicaron 10,7% restante.
Se estima que en lo que resta del año, el Banco Central le girará otros $700 mil millones al Tesoro en concepto de rentas propiedad, además de partidas adicionales de adelantos transitorios, para enfrentar un año en que se prevé que el déficit total del sector público se eleve a más de 10% del PBI, equivalente a más del 68% del total de los recursos netos esperados.
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