Fuerte reclamo empresario: advierten que de no sancionarse la Ley de Economía del Conocimiento dejarán de facturar más de $ 33.000 millones en 2020

Las empresas de software o de la economía del conocimiento siguen esperando que la Cámara de Senadores le de tratamiento al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados desde junio y que beneficiaría a un sector que tiene el potencial de vender al exterior unos USD 6.000 millones anuales.

En ese contexto, la Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI), entidad que nuclea y representa a más de 1.500 empresas destacó que de no sancionarse la Ley de Economía del Conocimiento, los principales riesgos son la pérdida de 11.200 puestos de trabajo en 2020 y la pérdida de $33.400 millones en facturación para este año.

En un comunicado, la entidad afirmó que se perderá una oportunidad para generar 340.000 nuevos puestos de trabajo hacia 2030. Añadió que de no sancionarse la norma habrá una disminución de entre 13 y 15 puntos del Producto Bruto del sector.

“Esta nueva reglamentación apunta a facilitar el acceso de las pymes al régimen de promoción. Para tal fin, el 70% de su facturación total durante el último año deberá provenir de estas actividades. Además, las organizaciones podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado al sistema de seguridad social”, detalló Cessi.

Añadió que se estipula una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias y que finalmente, para los exportadores, se eliminarán las “retenciones y percepciones del impuesto al valor agregado”.

Según la Cámara que agrupa a las empresas de software, el compromiso de la industria del está fijado en las siguientes Metas para 2030: crear 340.000 empleos en todo el país; superar los USD 20.000 millones de facturación anual; lograr exportaciones por más de USD 10.000 millones anuales, aunque advirtió que nada de eso será posible si no se sanciona la ley.

“Estamos convencidos de que a través de la promoción de las compañías del sector y el fomento de la industria, se verá un impacto directo en la inversión en I+D, además de la creación de puestos de trabajo altamente calificados, conservando la propiedad intelectual en Argentina y el ingreso de las divisas que tanto necesita nuestro país”, aseguró Sergio Candelo, presidente de CESSI.

En qué instancia está el proyecto

El 25 de junio pasado la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en revisión el proyecto de Economía del Conocimiento, que busca impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos que tengan el uso intensivo de tecnología, con la aplicación de beneficios impositivos.

Senadores del oficialismo y de la oposición coincidieron en la posibilidad de introducir modificaciones en la ley.

La normativa, reemplaza la Ley 27.506 aprobada durante la gestión de Cambiemos, y establece mecanismos de promoción e incentivos para la industria denominada de economía del conocimiento o software.

Otro de los cambios propuestos por la oposición fue el vinculado al Consejo Consultivo que la ley prevé crear para fijar criterios que definan el encuadre de las empresas que podrán ingresar al régimen de promoción para el sector.

Según coincidieron tanto legisladores de la oposición como del oficialismo, el sector del software es uno de los sectores que más exportaciones registra para el país después de los cereales y las oleaginosas.

El proyecto mantiene los dos beneficios de reducción de alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y sobre el pago de contribuciones patronales, y lo amplía al modificar el modo de calcularlos retomando lo establecido en la Ley de Software (60% reducción impuesto a las ganancias y 70% reducción de contribuciones patronales).

Sobre las contribuciones patronales introduce como novedad un tope inicial equivalente a siete veces la cantidad de empleados de una pyme tramo II (535 empleados) lo que significa que el beneficio aplica inicialmente a un máximo de 3.745 empleados, que puedan ser promovidos en este régimen especial del 70% de la reducción de los aportes patronales.

Por otro lado, se elimina el requisito fijado en la ley aprobada el año pasado que obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales, y a la que sólo habían adherido seis provincias.

Entre los principales cambios respecto a la ley anterior, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas. En cambio, sí dispone una estabilidad de los beneficios por el período de duración de vigencia del régimen.

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