Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en el que decidió declarar como “servicios públicos a la telefonía celular y fija, internet y la televisión” y congelar las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre, especialistas consultados por infobae cuestionaron la medida por considerar que la medida desalienta las inversiones.
Miguel de Godoy, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dijo a infobae que se trata de “un golpe para las empresas”.
“Esto tomó por sorpresa a todos. Es como barajar y dar de nuevo. La industria de telefonía y televisión reinvierten en la medida de sus ingresos. Es un círculo de reinversión en base a sus ingresos y esto definitivamente lo dificulta”, aseguró De Godoy.
Si bien el exfuncionario consideró que la decisión del Gobierno busca garantizar los precios ante la ciudadanía, sostuvo que la medida “cambia un poco las reglas de juego”.
“Las inversiones son en dólares, los equipos son en dólares y el congelamiento de tarifas atenta de forma directa contra eso”, cuestionó.
A su turno, Silvana Giudici, ex presidenta del ENACOM afirmó: “Me parece que es una medida que puede generar el impacto contrario al que se intenta imponer. Supongo que lo quieren hacer para tener menores precios y mejor servicio. En general, para que no suceda lo que hay que hacer es incentivar la inversión, generar competencia, fortalecer a los operadores y pequeñas pymes”.
En ese contexto, dijo que al declarar servicio público a la telefonía, internet y la televisión paga en un mercado “hiperregulado y con un control férreo de tarifas y precios”, lo que sucede es que se retrae la inversión y quedan estancadas las capacidades de la red y no se crece.
“Entiendo que se quiera controlar que no se aumente en un marco de emergencia como la pandemia y puede entender el congelamiento de las tarifas. Me parece riesgoso la declaración de interés público para estos servicios”, amplió.
Para Giudici, la medida afecta a un sector de los que más invierten y generan empleo en todos los países desarrollados. “Si regulás el mercado y pones obstáculos, trabas y un esquema híperestatizado, va a generar que no venga nadie a invertir”, alertó.
“La cuarentena hizo que se necesitara una mayor inversión en infraestructura para soportar la demanda. Esto en general, en los países donde se toma en serio el crecimiento y el desarrollo económico y la inserción en un mercado global y competitivo, se cuida desde otro lugar. Por eso me sorprende la decisión del Gobierno”, planteó.
DNU
La medida se concretó este sábado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a partir del cual se deja sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que de esta manera se están “recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado; El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado” subrayó el mandatario.
Fernández hizo referencia al DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
El Presidente también destacó que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.
Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispondrá el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.
En ese sentido, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó a Télam que “quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico; sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible” afirmó López al referirse a la medida dispuesta por el Gobierno.
En tanto, el periodista especializado en telecomunicaciones e investigador del CONICET, Martín Becerra, dijo que el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio.
“Evidentemente, por el tuit del presidente, los aumentos decididos por las operadoras de comunicaciones móviles y servicios de conectividad en el marco de la pandemia y de las restricciones económicas de la mayoría de los argentinos no pasaron desapercibidos”, afirmó en la red social Twitter.
Y agregó que la pandemia mostró en todo el mundo la función esencial de los servicios de comunicaciones en una coyuntura crítica. “Que los sectores más vulnerables cuenten con precios acordes para acceder a esos servicios esenciales es un objetivo de estos anuncios”, afirmó.
Asimismo, destacó que “el diagnóstico de la estructura, cobertura, acceso y asequibilidad a los servicios de comunicaciones en la Argentina arroja zonas y sectores con buenos servicios y también muchas carencias” y añadió que “esas carencias no las cubre el mercado sino que se precisan políticas públicas activas”.
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