Hace algunas semanas, a mediados de julio de este año, se lanzó el Observatorio de Salud + Economía + Libertad, una novedosa iniciativa de Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas. Este proyecto, que pretende mirar la pandemia de coronavirus en la Argentina desde otro lado, no solamente desde lo sanitario sino también desde lo económico y lo relacionado con las libertades, ha comenzado a mostrar algunos datos y patrones interesantes para su análisis. Por caso, solamente 7 jurisdicciones (6 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tienen más de 100 casas cada 100.000 habitantes; éstas son Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Esto demuestra claramente que el problema se concentra específicamente en el AMBA (esa sigla que se ha puesto de moda para nomenclar al Área Metropolitana de Buenos Aires) y, puntualmente, en CABA, con casi 1.790 contagios por cada 100.000 habitantes, totalizándose 55.046 contagios al momento de redacción de este artículo.
Contrastando con la información anterior, hay 5 provincias que afortunadamente no han registrado fallecimientos por COVID-19 al día de la fecha. A éstas les siguen 9 provincias que registran menos de 10 muertes en cada jurisdicción, y 6 provincias que tienen entre 11 y 49 víctimas fatales por esta enfermedad. Sólo 4 jurisdicciones registran más de 50 fallecidos: Río Negro, Chaco, CABA y Buenos Aires, en ese orden. Si se lo visualiza en términos relativos en cuanto a su población, ha de decirse que 15 provincias registran menos de 1 muerto por cada 100.000 habitantes.
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Resulta clave destacar que si se comparan los tres mapas que el Observatorio tiene disponibles (de Salud, Economía y Libertad) hay una correlación intuitiva que no se comprueba: uno pensaría que las provincias más complicadas en lo sanitario son las que permiten menos sectores abiertos y que restringen más las libertades de sus habitantes. Y eso sucede, mas lo contrario no: provincias con pocos casos también son fuertemente restrictivas en materia económica y de libertades. Todo ello refuerza el siguiente punto, el hecho de la falta de una real estrategia de monitoreo en esta pandemia, un monitoreo que siga indicadores claros y determinados y que sean esos los utilizados para definir qué se habilita, qué se permite y qué no en cada jurisdicción argentina.
Asimismo, ha quedado claro una dificultad generalizada para acceder a datos específicos sobre qué actividades están permitidas en cada una de las jurisdicciones, con algunas provincias que relevan mejor su información y otras que lo hacen de una forma defectuosa o prácticamente inexistente. Información que debería ser simple de recolectar porque es lo que los residentes de cada jurisdicción deberían saber y conocer fehacientemente para actuar en consecuencia e, increíblemente, en la práctica no ha resultado una tarea fácil.
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La falta absoluta de información pública resalta mucho más en lo que respecta, por ejemplo, a cómo se están desarrollando los procesos educativos en los distintos niveles de la educación obligatoria. Supuestamente se están dando clases online, pero no se sabe realmente si los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a Internet, a una computadora o a un aparato móvil para conectarse, ni de qué forma se están presentando los contenidos. En Uruguay están preparando informes para conocer los impactos negativos de la pandemia en lo educativo, y ya volvieron a clases, ¿qué se está haciendo en la Argentina sobre ese tema?
La curva de contagios y de fallecidos ha comenzado a aumentar y destacados epidemiólogos han aclarado que no sabremos que hemos terminado de subirla hasta que comencemos a descenderla. Da la impresión de que será un largo camino, a la par que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no serán distintas olas de coronavirus, sino una gran ola única. Contar con datos certeros, fidedignos y en tiempo real, presentados y desmenuzados de forma útil y práctica, se convierte en una necesidad imperiosa al momento de tomar decisiones. Quizás así sí se tomen las decisiones correctas.
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El autor es Director de Investigaciones Jurídicas en Fundación Libertad
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