La irrupción del Estado nacional en el manejo de una empresa privada, ahora en Vicentin bajo el argumento de ponerse frente a un largo proceso de incumplimiento de pagos a acreedores, tanto del sector productivo, como financiero, principalmente el Banco de la Nación Argentina, o para participar activamente en las decisiones del directorio en la Asamblea de Accionistas, no es nuevo.
Un informe del Ministerio de Economía en tiempos del gobierno de facto de 1976-1983 daba cuenta: “El Estado había crecido desordenadamente sin que existiera un relevamiento integral de las empresas de las cuales era propietario o administrador". El trabajo para el Consejo Empresario Argentino, y que posteriormente se completó y perfeccionó mediante un informe que redactó la Comisión Interministerial de Privatización de Empresas, daba cuenta de un listado de “más 382 en las cuales el Estado Nacional, a través del Banco Nacional de Desarrollo y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, poseía participaciones accionarias que variaban entre menos del 1 % y casi el 40 % del capital total”.
Después de un proceso de licitación de las tenencias accionarias del Banade y la CNAyS, y del proceso de privatizaciones de los 80 y 90, en 2008 el Estado Nacional vuelve a tomar una participación activa en el capital privado, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, al disponer el fin de las AFJP y apropiarse de los ahorros de los trabajadores, en su mayor parte del sector privado, parte de los cuales estaban invertidos en acciones que cotizaban en Bolsa, o que habían emitido Obligaciones Negociables.
Y también a través de estatizaciones directas, como fueron previamente las del Correo Argentino en 2003; AySA 2006; Tandanor 2007; Aerolíneas Argentina 2008; Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) 2008; Belgrano Cargas 2009; YPF 2012; y ahora se sumaría Vicentin, si lo aprueba el Congreso.
Actualmente, según el último informe de la Anses sobre la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que al 23 de abril de 2020 estaba valuado en $2,52 billones, equivalente a unos USD 38.000 millones al cambio mayorista, un 8,7% correspondía a tenencias de acciones de 46 empresas.
Por rama de actividad la tenencia de acciones privadas en poder del FGS se desagrega en 27% sector bancario; 23% telecomunicaciones; 22% energético; 14% siderurgia; 6% bienes raíces; 5% alimentos; resto (constructoras, automotrices, entre otras) 3 por ciento.
Cabe notar que el Presupuesto 2020, no llegó a tratarse en el recinto del Congreso Nacional porque fue elaborado por el gobierno saliente de Cambiemos, registraba 32 empresas y sociedades con mayoría estatal, entre las que se cuentan en condición de sociedades anónimas: Integración Energética Argentina, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur, Correo Oficial de la República Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, etc., con ingresos aprobados por $549.263 millones y un resultado financiero deficitario en $3.662 millones, más YPF, AySA. Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y otras.
Ahora en perspectiva, el escenario cambió con la intervención y propuesta de expropiación de Vicentin, “con la idea de que le dé más previsibilidad a la oferta de alimentos en la Argentina y también más previsibilidad en el mercado de cambios”, según sintetizó el ministro de Desarrollo Económico, Matías Kulfas.
Perspectiva de más participación en el sector privado
Y es posible que luego de superado el crítico escenario provocado por la llegada de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena ahora extendida hasta el 28 de junio ese proceso continúe, aunque en lo que respecta a la Anses por decisión de diversificación del portafolio.
Al menos eso es lo que se desprende del último informe mensual del organismo, el cual detalla: “el margen para inversiones en el sector privado se encuentra actualmente limitado dado que existen pocas emisiones para financiamiento de empresas en el mercado local, máxime si se tiene en cuenta la necesidad de financiamiento que requiere el sector público en este contexto tan adverso que ha combinado una recesión económica de más de dos años con la crisis desatada por el COVID-19 y que ha ralentizado la economía a nivel mundial, con la negociación de la reestructuración de la deuda pública nacional”.
Y concluye el informe de Anses: “a pesar de lo anteriormente expuesto el FGS ha demostrado voluntad de inversión en el sector productivo, habiendo retomado las inversiones en el inciso l) que fueron ralentizadas durante la gestión anterior. Incrementar la participación de este tipo de inversiones en la cartera del FGS es un objetivo de carácter permanente de la actual administración".
Cabe notar que según el último informe del FGS correspondiente a abril, la cartera que administra de $2,42 billones era equivalente a 7,6 meses del pago total de la Anses de jubilaciones, pensiones, AUH, otras asignaciones familiares y políticas ad hoc a la pandemia del COVID-19 y poco más de un año del presupuesto del organismo excluido el mayor gasto derivado de la emergencia sanitaria.
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