Hace un año, el presidente Mauricio Macri anunciaba que el Gobierno pedía, de forma preventiva, ingresar a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En plena escalada del dólar —subió 11,44% en siete días—, se habló de "turbulencias" como resultado de una combinación de factores externos (la suba de las de interés de la Reserva Federal de EEUU) e internos (la aprobación de un proyecto de ley que permitió aplicar un impuesto a la renta financiera para los tenedores extranjeros de Lebacs).
Ese 8 de mayo de 2018, el Gobierno intentó salir a calmar las aguas con un mensaje de apenas 3 minutos donde el Presidente anunció que se había comunicado con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para comenzar negociaciones de una línea de asistencia financiera con el organismo multilateral de crédito.
El 7 de junio el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron que el crédito otorgado a Argentina era el más grande en la historia del organismo multilateral de crédito: USD 50.000 millones. Los fondos iban a estar bajo el marco de un acuerdo stand-by, con USD 15.000 millones en una primera cuota para reforzar de forma equitativa las reservas del Central y las arcas del Tesoro Nacional. Los USD 35.000 millones restantes iban a ser entregados en partes iguales a lo largo del periodo 2018-2022.
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Entre los puntos del Memorándum se incluyó un pedido del Fondo de avanzar con un desarme de las Lebac. La letras del Central eran un peso importante para la autoridad monetaria y cada vencimiento —los "supermartes"— significaba una señal de alerta.
Pero el anuncio de los detalles del Acuerdo I no cumplió con su propósito. A pesar de las subastas diarias del Central, el primer desembolso de USD 15.000 millones no logró calmar las aguas cambiarias. El dólar escaló un 11% en una semana. Siete días después de acompañar a Dujovne en la conferencia de prensa, Sturzenneger renunció. Luis Caputo, hasta ese momento ministro de Finanzas, se puso al frente del ente monetario.
Luego, sin un cambio fuerte en política o contexto, hubo relativa calma. Julio fue el primer mes en el año que registró una caída en el valor del dólar, un 5 por ciento. La paz duró poco. La segunda semana de agosto, el dólar saltó un 9,45% en cuatro días. Y después de un breve recreo de dos semanas, los últimos días del mes y el comienzo de septiembre vieron una escalada del tipo de cambio en más de 23,76 por ciento.
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En lo que para muchos analistas fue una maniobra poco feliz, bajo el supuesto consejo de Caputo, el presidente Mauricio Macri anunció que el Gobierno iniciaría una segunda ronda de negociaciones para cambiar el esquema de desembolsos. En principio, se buscaría ajustar los tiempos, adelantando todos los fondos antes del final de 2019.
En septiembre el dólar tocó un máximo en $41,87. Se llegó a un punto de quiebre en las últimas semanas del mes, cuando todos los días traían consigo el titular "máximo histórico del dólar" en portales. La regla de no intervención en el mercado cambiario se relajó para darle a "Toto" Caputo más poder de fuego.
El 25 de septiembre, durante las primeras horas de operación, el presidente del Central que se jactaba de una política de "sorprender" al mercado para pelear las subas en el tipo de cambio, dio una última sorpresa y renunció. Macri y Dujovne estaban en Nueva York a apenas unas horas de anunciar el nuevo esquema de desembolsos con Lagarde.
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En el Acuerdo II, el Gobierno planeaba recibir cerca de USD 50.000 millones entre 2018 y 2019, a lo que se sumarán USD 7.100 millones entre 2020 y 2021. A cambio, se acelerará el camino al equilibrio fiscal, con el Gobierno comprometiéndose a un déficit primario cero respecto del PBI.
Con el acuerdo llegó un nuevo presidente en la autoridad monetaria, el tercero en cuatro meses. Guido Sandleris, el ex número dos de Dujovne, empezó a implementar el nuevo programa monetario acordado con el Fondo. Se cambió de estrategia respecto de las fallidas metas de inflación y se acordó un congelamiento en el crecimiento de la base monetaria para secar la plaza de todos los pesos excedentes en circulación.
Así llegaron las bandas cambiarias o zonas de no intervención, que le pusieron un techo y piso al valor del dólar y que finalmente desaparecieron a fines de abril de este año.
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Pero en 2019, el desborde del dólar llevó, por tercera vez, a acordar sustanciales modificaciones en el acuerdo. Desde el mes pasado, se volvió a un esquema más flexible que borró todo lo anterior.
La zona de no intervención dejó de existir y se autorizó al Banco Central a vender dólares. Unas semanas antes, se había fijado en $51,45 el techo de la banda hasta fin de año.
El nuevo esquema cambiario implica controlar el precio del dólar, a costa de permitir el uso de de reservas. Exactamente al revés del sistema que se había diseñado en octubre del año pasado.
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Luego de haber fracasado el intento de "blindar al dólar" con la venta de divisas del FMI a cargo del Tesoro (a razón de USD 60 millones diarios) se optó por una salida que intenta ser más contundente: devolverle "poder de fuego" al Central para que salga a intervenir. Sin montos preestablecidos ni cotización específica. Justamente unos de los motivos por los cuales los técnicos del FMI habrían pedido la renuncia de Luis Caputo durante 2018.
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