
A poco más de dos meses de París 2024, ¿de qué se habla públicamente en ciertos niveles institucionales de nuestro deporte?
¿De la cantidad de deportistas que tienen que autofinanciarse la participación en las últimas competencias pendientes para la clasificación a los Juegos? NO
¿De que Las Leonas, terceras en la Liga Mundial y últimas subcampeonas mundiales y olímpicas declinaron de la invitación recibida para un torneo en Francia para adaptarse a las novedades técnicas de la cancha que se usará en los juegos debido a la falta de fondos? NO
¿De que ese mismo equipo lleva largo rato teniendo que entrenarse en el Club Ciudad de Buenos Aires debido al mal estado que la cancha del CeNARD arrastra desde la anterior administración? NO
¿De las razones que llevaron a que el flamante número uno del ranking mundial de dobles quedase fuera de la delegación argentina de tenis? NO
¿De las declaraciones que semanas atrás realizó uno de los responsables del financiamiento del deporte argentino usando términos lindantes con el desprecio respecto de las pretensiones y posibilidades de deportistas argentinos de distintos niveles, desde clasificados a París hasta menores de edad? NO
¿De la reducción de 18 becas a 4 en el equipo nacional de judo exigida por la subsecretaría de Deportes de la Nación? NO
En distintos niveles, y especialmente en una especie de raid mediático reciente, solo se pone arriba de la mesa el asunto para difundir las presuntas y discutibles bondades de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), sigla eufemística que, en realidad, debería sincerarse bajo el concepto de privatización de equipos de fútbol.
Solo para refrescar conceptos, no solo ese tipo de tercerización existe de hecho tanto en distintas disciplinas de varios clubes que recurren a inversiones privadas para potenciar sus estructuras sean de voleibol, básquet, hockey sobre césped como en muchos de nuestros equipos de fútbol que hace tiempo dejaron de ser propietarios plenos de su principal activo, los futbolistas, sino que armamos una batucada abstracta alrededor de un tema que, en el mejor de los casos, sería la legalización de una figura cuya instalación será decisión exclusiva de los asociados a cada entidad. No de un Estado. Mucho menos de un funcionario que, en poco tiempo, pasó de denostar la privatización a exponerla como la panacea.
Hay una tendencia recurrente en muchos medios a considerar hasta graciosas estas fluctuaciones. Lógico para estos tiempos donde todo y todos podemos convertirnos en memes. Penoso cuando se pierde la ocasión de intentar averiguar qué piensan esos mismos funcionarios del deporte argentino, ese mismo al cual se interpelará cuando, a poco de comenzado agosto, sepamos cuántas medallas “habremos ganado”, para el caso de que algo así termine sucediendo.
A propósito del tachin tachin de las SAD, sería muy valioso profundizar la discusión al respecto. Entre otras cosas para que, de una vez y para siempre, pongamos todos los argumentos arriba de la mesa y comprendamos que la cuestión es mucho más compleja que un pregón en modo slogan o la invitación a un empresario español que cuente solo las bondades sin completar la foto con el lado oscuro de la luna. Incluido el propio.
Tan absurdo y vacío es el asunto que gastamos minutos de atención con el conflicto respecto de la desafiliación de la Sociedad Fomento Jose Hernández, de La Plata, de la Liga Costera Río de la Plata, a la cual quizás no casualmente había sido afiliada a fines de enero de este mismo año. La desafiliación se produjo inmediatamente después de la adhesión de la entidad al tema de las SAD y desde el Gobierno se anunció que se reclamaría a la FIFA porque “debemos poner al tanto a Gianni Infantino de esta situación”. Por cierto, la liga en cuestión forma parte desde hace menos de dos años del Consejo Federal de la AFA, que es el único organismo formalmente vinculado con la entidad rectora del fútbol mundial. Es tan largo el recorrido que hay que hacer en el árbol genealógico de nuestro fútbol para llegar hasta esta liga con base en la localidad bonaerense de Veronica que cuesta imaginar donde terminaría un expediente al respecto. Además, la gran mayoría de los clubes de nuestro medio no están directamente afiliados a la AFA sino a sus ligas regionales. Jose Hernandez es uno de los más de 3000 con ese estatus. De tal modo, pretender que Infantino atienda un asunto por el estilo sería como presentar ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) una queja por un penal mal cobrado en un torneo intercountries. Aunque tratándose de la FIFA –y de negocios-, quién sabe.
El final de la semana cruzó inesperadamente los caminos del fútbol doméstico y nuestra delegación olímpica. Dos futbolistas integrantes de la lista preliminar para París, Nicolas Valentini, de Boca, y Gonzalo Luján, de San Lorenzo, quedaron imposibilitados de integrar el plantel debido a estar en conflicto contractual con sus respectivos clubes. Más allá de cuánta razón y cuánta culpa cada uno de ustedes le adjudique a las partes en litigio, del perjuicio deportivo que es perder a un central zurdo que fue titular en todos los partidos clasificatorios y hasta de comprender que la AFA adopte una postura solidaria con cualquiera de sus clubes afiliados, la memoria no deja de meter la cola.
En 1986, el plantel campeón mundial contó con José Luis Brown, en conflicto con Deportivo Español, camino a seguir su carrera fuera del país. Ocho años más tarde, Alberto César Tarantini usó la número 20 para nuestro primer título pese a figurar como jugador libre. El Conejo llevaba meses en conflicto con… Boca Juniors. Desde ya que las autoridades actuales no tienen por qué hacerse cargo de decisiones tomadas por otras personas hace décadas. De todos modos, hay algo de doble estándar en el asunto.
Tampoco sobre este tema la dirigencia nacional parece tener nada que decir. Casualmente, cuando se genera una situación que, de algún modo, perjudica a una delegación olímpica.
Casualmente, cuando el tema de jugadores con problemas de contrato es, ni más ni menos, que un perjuicio para el patrimonio de los clubes.
El mismo que dicen querer salvaguardar de la mano de inversores privados.
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