Gobierno Petro destinó más de $130 billones a subsidios energéticos, combustibles y pago de deuda, según Germán Ávila

El balance fiscal del Gobierno de Gustavo Petro cerró con una fuerte presión por cuenta de los recursos destinados al sector energético y a obligaciones financieras heredadas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que entre 2022 y 2026 el Estado destinó más de $130 billones entre subsidios de energía y gas, aportes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el pago de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una presentación difundida por los canales digitales de la Presidencia, el funcionario entregó un balance sobre los principales compromisos fiscales asumidos por la administración saliente. Allí explicó que una de las mayores cargas estuvo relacionada con los subsidios a los servicios públicos y los combustibles.

De acuerdo con las cifras entregadas por Ávila, el gasto en subsidios de energía y gas tuvo un incremento significativo durante los últimos cuatro años. Mientras que en 2022 representó $3,9 billones, equivalentes al 0,22 % del PIB, para 2026 la cifra llegó a $7 billones, es decir, el 0,37 % del PIB. En total, el Gobierno destinó $26,7 billones para este propósito durante el periodo 2022-2026.

Sin embargo, ese monto fue apenas una parte de la presión fiscal asociada al sector energético. El ministro señaló que otro de los grandes compromisos estuvo relacionado con el FEPC, mecanismo utilizado para evitar que los precios internos de combustibles como el diésel aumenten al mismo ritmo que las cotizaciones internacionales.

Según Ávila, entre 2022 y 2026 el Gobierno asignó $83,9 billones para cubrir las obligaciones de este fondo. La mayor presión se concentró en los primeros años de la administración Petro: en 2022 se destinaron $21,9 billones y en 2023 el aporte alcanzó los $29,5 billones. Posteriormente, los recursos dirigidos al FEPC disminuyeron. En 2025 el gasto fue de $7,7 billones y para 2026 se redujo a $3,1 billones, la cifra más baja del periodo analizado.

Sobre esta situación, Ávila explicó que el Gobierno recibió un déficit acumulado en el fondo debido a la diferencia entre los precios internacionales y el valor cobrado a los consumidores durante la administración anterior.

“Durante los dos últimos años del gobierno anterior (Iván Duque) se mantuvo estable el precio de la gasolina, pese a que los precios internacionales aumentaban de manera significativa. Como consecuencia, este gobierno tuvo que asumir desde el inicio de su mandato el costo de ese desfase, cubriendo con recursos del presupuesto nacional el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”, expresó Ávila.

El ministro aseguró que la atención de estas obligaciones redujo el espacio fiscal disponible para financiar otros programas del Estado. No obstante, durante la actual administración el precio de la gasolina aumentó de manera progresiva y, para julio de 2026, el promedio en las 13 principales ciudades del país llegó a $15.848 por galón. Ávila también explicó que el esquema original de subsidios para energía y gas funcionaba mediante un modelo de subsidios cruzados, donde algunos usuarios aportaban recursos adicionales para financiar las ayudas dirigidas a otros sectores de la población.

“Es importante recordar que los subsidios a los servicios de energía y gas fueron concebidos como un esquema de subsidios cruzados, en el que las sobretarifas pagadas por algunos usuarios financiaban los subsidios otorgados a otros. Sin embargo, durante los últimos años diversas decisiones adoptadas por el Congreso de la República redujeron esas fuentes de financiación, haciendo necesario cubrir estos subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación (PNG)”, afirmó.

Según el funcionario, varias exenciones aprobadas por el Congreso afectaron las fuentes de ingreso que sostenían ese modelo, por lo que el Gobierno tuvo que asumir directamente una mayor parte del costo con recursos públicos. Además de los gastos asociados al sector energético, el Ministerio de Hacienda incluyó dentro del balance fiscal el pago del crédito flexible adquirido con el Fondo Monetario Internacional durante el Gobierno anterior.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre 2024 y 2025 la administración Petro destinó $23,1 billones para cumplir con esa obligación, una cifra equivalente al 1,25 % del PIB. Para Ávila, este compromiso también representó una presión adicional sobre las finanzas públicas del país.