La Universidad Nacional de Colombia emitió un comunicado el 30 de junio de 2026 tras conocerse denuncias de amenazas atribuidas a personas que se identificaron como integrantes de las Águilas Negras en las inmediaciones del campus de la Sede Bogotá.
En su mensaje, la institución solicitó la adopción de medidas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la convivencia dentro del campus
La rectoría de la institución académica y educativa informó que activó protocolos de atención y acompañamiento para el estudiante afectado y que puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
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En el comunicado oficial se indicó que, una vez conoció públicamente los hechos denunciados, activó la atención al estudiante afectado, trasladó el caso a las autoridades competentes y pidió que adelanten las investigaciones correspondientes. Además, solicitó medidas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.
La comunicación oficial no identificó al estudiante afectado ni detalló el contenido de las amenazas.
¿Qué medidas anunció la universidad?
La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia señaló que activó los protocolos de atención y acompañamiento para el estudiante afectado. También informó que puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
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La institución pidió a esas autoridades que adelanten las investigaciones correspondientes. Además, solicitó adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.
El rechazo de la Rectoría y el llamado a denunciar
La profesora Lorena Chaparro Díaz suscribió el comunicado divulgado en Bogotá D. C. con fecha 30 de junio de 2026. En ese pronunciamiento, la universidad expresó su rechazo a los actos de intimidación contra personas de la comunidad universitaria.
La Universidad también invitó a reportar de forma oportuna ante las autoridades competentes cualquier situación de riesgo e inseguridad que se presente en sus distintos campus. Ese llamado hizo parte de la respuesta institucional posterior a las denuncias.
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La institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la convivencia en la comunidad universitaria. Con ese mensaje, cerró su pronunciamiento sobre las amenazas denunciadas.
La profesora Catalina Toro denuncia amenazas y dice que no puede dar clases presenciales en la Universidad Nacional
La profesora Catalina Toro denunció que en la Universidad Nacional no puede dictar clases presenciales porque está amenazada, en medio del proceso constituyente interno que cuestiona por falta de inclusión, presuntas retaliaciones contra voces críticas y un esquema de poder que, a su juicio, compromete la autonomía universitaria.
Uno de los datos que sustentan esa crítica es la participación en la aprobación del proceso: solo el 2,4% del estudiantado y de los docentes intervino, según relató la académica en declaraciones recogidas por El Tiempo.
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Para Toro, ese nivel de asistencia pone en duda la legitimidad y la representatividad de la reforma que comenzó durante la rectoría de Leopoldo Múnera y continuó bajo la administración de José Ismael Peña.
La docente, adscrita al Departamento de Ciencia Política, afirmó al diario que el ambiente académico se degradó por una supuesta persecución a profesores y trabajadores que cuestionaron las directrices institucionales. “No puedo dictar clases de manera presencial porque estoy amenazada”, dijo la profesora, que completa 21 años de trayectoria en la institución.
Toro sostuvo que el debate universitario fue desplazado por la imposición de ideas desde las autoridades. También vinculó esa tensión con el sistema de elección de la rectoría: “En la elección a la rectoría se mostró que hay un problema con el sistema de elección, siempre depende del gobierno de turno y la universidad termina subordinada a esos intereses”.
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Citado por El Tiempo, el testimonio de la académica incluye procesos disciplinarios que considera una represalia por su oposición al movimiento constituyente.
“En la universidad, a nadie se le niega un disciplinario. Estos procesos funcionan como un ajuste de cuentas, sin argumentos ni pruebas”, afirmó.
Según la publicación, Toro también denunció la filtración de información sobre su caso en redes sociales, lo que, en su lectura, buscó estigmatizarla públicamente y enviar un mensaje disuasorio a otros docentes. Ese escenario, señaló, ha instalado miedo entre quienes expresan desacuerdo con las decisiones institucionales.
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