Habitantes rurales de los municipios de Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, denunciaron la circulación de un panfleto contra trabajadores mineros de la región.
El documento, revelado por Caracol Radio, fue firmado presuntamente el Frente Cuatro (José Antonio Galán) adscrito al bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.
En la misiva, el grupo armado les prohíbe ejercer su labor a un grupo de mineros denominados “machuqueros” en esos dos municipios, a quienes los señala de manera general como presuntos financiadores del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
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“A aquellos que ejercen la labor de machuqueros les queda prohibido seguir trabajando ya que sabemos a quienes están financiando y es mejor que no lo sigan haciendo”, expresaron.
Además, advierten a personas con supuestos vínculos con ese grupo, así como a quienes venden estupefacientes y a ladrones para que efectúen su salida del territorio.
“Se informa que a partir de la fecha vamos a estar haciendo presencia permanente en los municipios mencionados esto con el fin de combatir a las bandas criminales que solo están dañando a la sociedad con sus ventas de estupefacientes y los paramilitares que viven atropellando a la población civil”, se lee en la carta expuesta por la cadena radial mencionada.
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En otro punto, el mismo panfleto les pide a las personas que “tienen vínculos o negocios con los paramilitares” que se desvinculen del conflicto, e incluye un mensaje contra los llamados “dueños de lo ajeno”.
“Busquen trabajo. Ustedes son una enfermedad y toda enfermedad tiene cura y esperamos no llegar a ese extremo queda a conciencia de estos individuos”, advirtieron.
Fuentes consultadas por el medio de comunicación señalaron que ese contenido apunta a una posible “limpieza social”, en alusión a los pasajes dirigidos contra quienes comercializan estupefacientes y contra los ladrones. Esa caracterización corresponde al medio y no aparece como frase textual en el panfleto.
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Autoridades avanzan la investigación
Residentes de la zona explicaron a Caracol Radio que los machuqueros “son personas que se internan en un socavón durante varias semanas o meses”.
Así mismo, advierten que la mayoría de los trabajadores de ese estilo debe entregar un porcentaje de lo extraído al Clan del Golfo para que les permitan entrar a la mina.
Entre tanto, las autoridades manifestaron que, tras conocerse la información, se adelantará la revisión y verificación de la autenticidad del panfleto, aunque preliminarmente indicaron que el documento podría ser real.
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La circulación del mensaje elevó la inquietud en la comunidad. El temor creció tras recientes hechos violentos atribuidos por la emisora a esa guerrilla en los dos municipios.
Masacre contra cuatro campesinos en Remedios
Además de las amenazas contra los trabajadores de la región, el frente cuatro de las disidencias de las Farc había admitido su responsabilidad en la masacre de cuatro campesinos en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), ocurrida durante el primer fin de semana de junio de 2026.
La admisión quedó consignada en un video fechado el 9 de junio de 2026, en el que una mujer identificada como alias Samanta Ruiz, también llamada como La Enfermera, leyó un comunicado en la que informó sobre su acción criminal en la región antioqueña.
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En ese mensaje, la vocera afirmó que los cuatro retenidos eran “dos hombres y dos mujeres” que, según la organización armada, cumplían labores de informantes y estaban vinculados a una finca que atribuyeron a paramilitares. También sostuvo que les habrían incautado una pistola calibre nueve milímetros, un revólver y radios de comunicación.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como los esposos Efraín Botero y Rocío Silva, junto con dos trabajadores. De acuerdo con la información oficial, los cuatro fueron amarrados y torturados antes de ser asesinados.
Por este hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en asociar la masacre con Luis Antonio Montoya, alias Jhon Fiera, cabecilla del frente disidente con presencia en Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.
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Sobre este sujeto pesa una recompensa de 300 millones de pesos. Igualmente, se destaca alias Johan Veneco, otro integrante del frente señalado de participar en los homicidios, con una recompensa de 100 millones de pesos, respectivamente.