Colombia volvió a registrar un retroceso en los indicadores internacionales de paz. Así lo revela el Índice Global de Paz 2026 (Global Peace Index, GPI), elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), que ubicó al país en el puesto 141 entre 163 naciones analizadas y lo mantuvo como el país menos pacífico de Sudamérica.
De acuerdo con el informe, el nivel de paz en Colombia se redujo un 4,7% durante el último año, al comparar los resultados de 2025 frente a los de 2024. El estudio atribuye este deterioro principalmente al recrudecimiento del conflicto armado interno, al aumento de las muertes relacionadas con enfrentamientos entre grupos armados y al mayor impacto de las acciones terroristas sobre la población civil.
El documento señala que Colombia registró retrocesos en las tres dimensiones que evalúa el índice: conflicto en curso, seguridad y protección, y militarización. Sin embargo, la afectación más significativa se presentó en el componente relacionado con los conflictos activos dentro del territorio nacional.
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Enfrentamientos armados profundizaron la violencia
Según el informe, el dominio de “conflicto en curso” registró un deterioro del 13,8%. Dentro de esta categoría, las muertes derivadas de conflictos internos aumentaron 14,4%, mientras que el indicador que mide la intensidad de los conflictos domésticos empeoró 16%.
Gran parte de este deterioro estuvo relacionado con la crisis de seguridad registrada en la región del Catatumbo en enero de 2025. El informe destaca que la ofensiva lanzada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra las disidencias del Frente 33 provocó una de las mayores emergencias humanitarias recientes del país.
De acuerdo con los datos recopilados por el IEP, los enfrentamientos dejaron al menos 103 personas muertas, entre ellas firmantes del acuerdo de paz, y ocasionaron el desplazamiento forzado de más de 56.000 personas.
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El estudio sostiene que esta situación tuvo repercusiones humanitarias y políticas, ya que afectó directamente los diálogos que adelantaba el Gobierno nacional con el Eln en el marco de la política de “Paz Total” Como consecuencia de la escalada de violencia, el presidente Gustavo Petro suspendió las conversaciones de paz que se habían iniciado en noviembre de 2022.
Para los investigadores, estos hechos reflejan una de las principales dificultades que enfrenta Colombia en la actualidad: la permanencia de grupos armados con capacidad para desafiar al Estado, afectar a la población civil y alterar procesos de negociación política.
Terrorismo, desplazamientos y violencia impactan la seguridad
El Índice Global de Paz también registró un deterioro en el dominio de seguridad y protección, que retrocedió 0,9% durante el último año. De acuerdo con el informe, este resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento de la actividad terrorista y por el impacto que estos hechos tienen sobre la población civil.
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Las cifras citadas por el estudio indican que durante 2025 se registraron 1.398 hechos terroristas en Colombia, frente a los 1.126 reportados en 2024. Esto representa un incremento del 24%. La tendencia también muestra un crecimiento sostenido desde 2020, cuando se contabilizaron 427 atentados.
El documento advierte que el impacto del terrorismo alcanzó su nivel más alto desde que comenzó a medirse este indicador en 2007. Como resultado, Colombia pasó a integrar el grupo de los diez países más afectados por el terrorismo a nivel mundial, junto a naciones como Pakistán, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad.
A ello se suma el impacto humanitario derivado de la violencia. El desplazamiento masivo registrado en el Catatumbo se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de una problemática que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país.
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Narcotráfico y costos económicos mantienen presión sobre el país
El informe también dedica parte de su análisis a las consecuencias económicas de la violencia en Colombia. Según las estimaciones del Institute for Economics & Peace, el costo económico de la violencia equivale al 15,2% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, lo que ubica al país entre las diez economías del mundo donde este fenómeno tiene un mayor impacto relativo.
Esta carga económica incluye costos asociados a homicidios, muertes derivadas de conflictos armados, atención a personas desplazadas y otras consecuencias directas de la violencia. “Con mayores niveles de violencia, es probable que podamos esperar menores niveles de empleo y productividad económica a largo plazo, ya que los incentivos enfrentados desalientan la creación de nuevos empleos y la inversión a largo plazo”, indica el informe.
El narcotráfico continúa apareciendo como uno de los principales factores que alimentan el conflicto armado. El estudio señala que entre 2020 y 2024 el valor estimado de la producción asociada a la economía de la cocaína pasó de 5.000 millones de dólares a 8.500 millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 70%.
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La expansión de esta actividad estuvo acompañada por cifras récord en materia de cultivos ilícitos. Según el informe, en 2023 los cultivos de coca alcanzaron las 253.000 hectáreas, el nivel más alto registrado hasta ese momento. Ese mismo año, la producción de cocaína aumentó 53%.
Para los investigadores, el crecimiento de esta economía ilegal fortalece financieramente a los grupos armados ilegales, permitiéndoles sostener estructuras operativas, ampliar su capacidad militar y mantener actividades violentas durante periodos prolongados.