Colombia sigue ocupando en 2026 un lugar entre los diez países con peores condiciones para los derechos laborales, según el Índice Global de los Derechos publicado por la Confederación Sindical Internacional (CSI). El informe destaca que, al igual que Argentina, Panamá y Ecuador, el país mantiene una calificación de 5 sobre 5, que equivale a la categoría de “derechos no garantizados”, y sitúa a estas naciones entre las más críticas a nivel mundial, lo que significa que los trabajadores en el país no tienen derechos garantizados en la práctica.
Según el documento divulgado, la situación no cambió con respecto a 2025, en el que señala que Colombia junto a Argentina, Panamá y Ecuador sufren de falta de protección efectiva de los derechos sindicales y la persistencia de violaciones graves, como asesinatos de líderes sindicales, impedimentos a la negociación colectiva y represión contra organizaciones de trabajadores.
Comparativa regional
En la edición 2026 del Índice Global de los Derechos, Argentina y Panamá aparecen por primera vez en la categoría 5, sumándose a un listado que ya incluía a Colombia y Ecuador.
PUBLICIDAD
- Argentina:
El informe dice que “Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”.
Asimismo, señala que, ante la llegada del presidente Javier Milei en 2023, Argentina restringió derechos laborales mediante reformas legales y medidas de seguridad que otorgan al Estado amplias facultades para reprimir protestas y limitar la actividad sindical. Subraya que las condiciones para los trabajadores “se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei” y apunta la adopción de un protocolo que otorga a las fuerzas de seguridad potestad para dispersar protestas.
- Panamá:
Mientras que para el caso de Panamá, la CSI informa que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”. El país sufre amenazas de disolución contra los principales sindicatos, detención de líderes y familiares, y represión de huelgas, hechos que motivaron su descenso de la categoría 4 a la 5 este año.
PUBLICIDAD
- Ecuador:
Ecuador, por su parte, ya integraba este grupo en los años previos. La inclusión se debe, entre otros factores, a una ley aprobada en 2025 que autoriza al Estado a ejercer vigilancia sin orden judicial, interceptar comunicaciones y recolectar datos privados de sindicalistas y activistas. Además, el informe denuncia restricciones adicionales a la organización y operación de sindicatos, lo que afecta especialmente a organizaciones sociales y laborales.
En todos estos países, la ley reconoce ciertos derechos sindicales, pero la CSI resalta que “los países del grupo 5 son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”.
Violencia sindical y derechos laborales en Colombia
El informe otorga especial relevancia a la situación de violencia sindical en Colombia. La Confederación Sindical Internacional advierte que “en Colombia los trabajadores no tienen derechos garantizados”, y destaca la permanencia del país en la lista de naciones donde la persecución a líderes sindicales y trabajadores organizados continúa siendo una realidad.
PUBLICIDAD
Uno de los casos más graves citados es el asesinato de Walberto Quintero Medina, vicepresidente de la Junta Directiva de la CUT en el César y miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal), ocurrido el 28 de abril de 2025 en un establecimiento público. El caso se suma a otros crímenes recientes y a una larga serie de ataques contra sindicalistas, tal como plantea la CSI: “Colombia es uno de los países donde no sólo no se garantiza el derecho a asociarse sino que está en la penosa lista donde se han asesinado líderes sindicales”.
El informe también alerta sobre la negativa sistemática de los empleadores a negociar o respetar convenios colectivos y sobre las dificultades existentes para el registro legal de sindicatos y la defensa efectiva de los derechos laborales.
A nivel regional, la CSI destaca que “en cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores”. El informe recalca que América Latina y el Caribe mantienen los peores indicadores en lo referente a represión, hostigamiento y persecución laboral.
PUBLICIDAD
América Latina en el Índice Global de los Derechos 2026
De acuerdo con la CSI, América Latina es “la región más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México”. Las cifras muestran que el 88% de los países de la región han vulnerado el derecho de huelga, el 92% impide el registro legal de sindicatos y el 53% ha realizado detenciones arbitrarias de trabajadores, conforme al informe.
Uruguay aparece como la única excepción positiva al ubicarse en la categoría 1 —“violaciones esporádicas”—. El informe sostiene que Uruguay constituye “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación”.
El Índice Global, elaborado desde 2014, evalúa violaciones a los derechos laborales y persecuciones sindicales en 151 países basándose en indicadores y convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Su edición 2026 concluye que “la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias” y advierte que “los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos”, según expresó el secretario general de la CSI, Luc Triangle.
PUBLICIDAD
El informe advierte sobre el debilitamiento de la negociación colectiva y las libertades civiles, la expansión de la vigilancia estatal sobre trabajadores y sindicatos, y una hostilidad creciente de los gobiernos —incluso los democráticamente electos— hacia el movimiento sindical.