La investigación sobre Shakira permitió a la Agencia Tributaria española descubrir la rutina de la cantante en Barcelona y demostrar que su residencia principal no era Bahamas, sino España.
Este hallazgo fue determinante para sustentar la acusación de fraude fiscal de 14,5 millones de euros y se basó en una reconstrucción exhaustiva de sus actividades personales, financieras y profesionales entre 2011 y 2014, lo que podría implicar consecuencias penales para la artista, según informó el diario español El País.
Uno de los aspectos singulares del caso es la utilización de registros de tarjetas de crédito: entre 2011 y 2014, Shakira y su entorno más cercano gastaron 418.046 euros en 279 comercios de Barcelona. La investigación incluyó comprobantes de consumo que, aunque emitidos por asistentes o familiares radicados oficialmente en Estados Unidos, fueron atribuidos a gastos de la propia cantante.
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La cronología sobre las acusaciones a la cantante
Las consecuencias judiciales para Shakira pudieron ser de máxima gravedad tras las acusaciones de la Fiscalía por fraude fiscal, que solicitó una suma adicional de 6,6 millones de euros.
Durante cinco años, la artista de origen colombiano enfrentó un proceso penal en España por supuestas irregularidades en sus declaraciones fiscales. El eje central del conflicto radicó en la residencia fiscal de la cantante entre 2012 y 2014, periodo en el que, según la acusación, Shakira habría simulado no residir en España para evitar la tributación por sus ingresos globales.
La defensa sostuvo que en esos años la artista tenía residencia permanente en Bahamas, mientras que la Fiscalía argumentó que superó los días mínimos de permanencia exigidos por la ley española para ser considerada residente fiscal.
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Tras la querella de diciembre de 2018, la Fiscalía solicitó una fianza que ascendía a 19,4 millones, o bien el embargo de bienes equivalentes. Shakira respondió que ya había pagado “hasta el último euro exigido” y que no mantenía deudas con el Estado español.
En 2019, la artista acudió al juzgado de Esplugues de Llobregat, donde reiteró su disposición a colaborar con la justicia. En declaraciones difundidas por su entorno, la cantante afirmó haber satisfecho las cantidades reclamadas incluso antes de la querella, insistiendo en que el único punto en discusión era la interpretación sobre su residencia fiscal.
Durante 2020 y 2021, la investigación se intensificó con la ratificación de técnicos de la Agencia Tributaria y la presentación de nuevos informes que respaldaron la acusación de fraude. El debate entre la defensa y la Fiscalía giró en torno a la interpretación de los días de permanencia de Shakira en España y la validez de su certificado de residencia en Bahamas.
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La situación se agravó en 2022 cuando la Audiencia de Barcelona avaló la apertura del juicio oral, desestimando el recurso de la defensa y confirmando que existían indicios suficientes de criminalidad. La Fiscalía elevó la petición de pena a 8 años y 2 meses de prisión para la cantante, además de una fuerte multa económica.
La cantante optó por rechazar cualquier acuerdo con el Ministerio Público, alegando que confiaba en que la justicia española le daría la razón. En palabras de la propia Shakira, ir a juicio representaba “una cuestión de principios”, según expresó en una entrevista.
Seis meses después de que hubiera establecido su residencia en Miami, tras haber confirmado su salida de Barcelona el 1 de abril de 2023, Shakira regresó a enfrentar el juicio por fraude fiscal.
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Fue así como en el segundo trimestre de 2023, la situación judicial de la cantante se complicó aún más con la apertura de un nuevo procedimiento por dos presuntos delitos fiscales correspondientes al IRPF y al impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018. El monto reclamado en este caso ascendió a casi 7 millones de euros, cifra que fue revelada el 26 de septiembre de 2023.
Finalmente, la Audiencia Nacional falló a favor de la artista en la última causa que mantenía abierta con la Agencia Tributaria española por el ejercicio fiscal de 2011, poniendo fin a un largo enfrentamiento legal que se ha prolongado durante casi una década. El tribunal concluye que no quedó demostrado que la cantante residiera en España el tiempo suficiente como para tener obligaciones fiscales en el país durante ese periodo de tiempo.