Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a ocho años de prisión a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la histórica dinastía joyera francesa, tras hallarlo culpable de liderar una compleja red internacional de lavado de dinero que habría movido más de US$470 millones provenientes del narcotráfico.
El esquema operaba mediante plataformas de criptomonedas no autorizadas y empresas fachada en varios países, con un nodo clave en Medellín.
La sentencia, emitida por la jueza federal Mary Kay Vyskocil, cierra una investigación que expuso cómo estructuras empresariales aparentemente legales fueron utilizadas para ocultar grandes flujos de dinero ilícito, aprovechando vacíos regulatorios en el mercado de activos digitales.
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Medellín, pieza clave en la red global
De acuerdo con el expediente judicial y la investigación citada por El Tiempo, una de las piezas centrales del entramado fue una empresa constituida en Medellín en 2019, en el sector de El Poblado.
Allí se creó una firma que operaba como fachada dentro del circuito financiero utilizado para mover fondos ilícitos entre Estados Unidos y Colombia. La compañía, identificada como Big Data Technology S.A.S., habría servido como vehículo para canalizar recursos de origen ilegal mediante operaciones simuladas.
En la práctica, según la investigación, el dinero era convertido en criptomonedas, transferido sin controles suficientes y posteriormente reintroducido al sistema financiero como si proviniera de actividades tecnológicas legítimas.
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Las autoridades establecieron que la red utilizaba esquemas de over-the-counter (OTC), es decir, transacciones directas de criptomonedas fuera de plataformas reguladas, lo que dificultaba el rastreo del origen de los fondos.
El papel del heredero Cartier
Las autoridades estadounidenses sostienen que Maximilien de Hoop Cartier coordinaba la operación internacional desde Europa y Estados Unidos, aprovechando su perfil empresarial para establecer relaciones financieras y bancarias que facilitaban el movimiento del dinero.
Según la acusación, Cartier se presentaba como empresario del sector tecnológico y de remesas, mientras en realidad dirigía un esquema de lavado de dinero asociado al narcotráfico.
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Parte del dinero proveniente de la venta de cocaína era convertido en criptomonedas como Tether (Usdt), luego transferido a través de empresas pantalla y finalmente reintegrado al sistema financiero en Colombia.
El tribunal determinó que el esquema movió al menos US$14,5 millones directamente vinculados al narcotráfico entre mayo y noviembre de 2023, dentro de un total que superaría los US$470 millones desde 2018.
Colombianos implicados en el esquema
La investigación también identificó a varios ciudadanos colombianos como piezas clave del engranaje criminal. Entre ellos figuran Felipe Estrada Echeverry, quien habría participado en la creación y control de la firma en Medellín, así como Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias Rey, y Érica Milena López Ortiz.
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Zuluaga Duque fue capturado en Colombia y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, mientras que López Ortiz habría tenido un rol directo en el envío de criptomonedas hacia Cartier para su posterior conversión.
También fueron vinculados los hermanos Alexander Areiza Ceballos y Adrián Areiza Ceballos, detenidos en Antioquia, quienes según la acusación habrían participado en operaciones de narcotráfico asociadas al esquema.
Empresas fachada y flujo del dinero
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sistema operaba a través de múltiples empresas ficticias que simulaban actividades comerciales legítimas.
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Estas compañías permitían justificar transferencias internacionales, emitir facturas falsas y abrir cuentas bancarias utilizadas para mover capital sin levantar alertas inmediatas.
Una vez dentro del sistema, los fondos eran fragmentados, convertidos a activos digitales y redistribuidos en distintas jurisdicciones. Posteriormente, regresaban a Colombia en forma de dinero aparentemente legal, retirado en efectivo o reinvertido en nuevas estructuras empresariales.
Las autoridades estadounidenses señalaron que este modelo representa una evolución del lavado de activos tradicional, al integrar criptomonedas y redes corporativas transnacionales.
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Además de los ocho años de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de US$2,36 millones, correspondientes a comisiones obtenidas por Cartier durante la operación. También se ordenó la incautación de cuentas bancarias vinculadas a sus empresas.
Otros implicados enfrentan penas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión por lavado de dinero, y en algunos casos, cadena perpetua por conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
El caso fue liderado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con apoyo del FBI, el IRS-CI y agencias colombianas como la Policía Nacional. Según los investigadores, la operación representa uno de los esquemas de lavado con criptomonedas más sofisticados detectados hasta la fecha.
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Las autoridades destacaron que la cooperación internacional fue clave para rastrear el flujo del dinero, identificar las empresas fachada y desmantelar la red.