La propuesta del Gobierno nacional para crear un nuevo sello de advertencia en los alimentos ultraprocesados ha desatado un nuevo conflicto entre el Ministerio de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
De hecho, en la mañana del jueves 30 de abril, se conoció una dura carta que envió la entidad de vigilancia a la cartera de Salud en la que advierte sobre la graves limitaciones del proyecto, además de los fuertes impactos económicos que conllevaría la nueva imposición.
Según el documento revelado por el diario El Tiempo, el proceso de participación ciudadana es limitado y cuenta con un tiempo reducido de socialización antes de ser decretado.
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Esto luego de que el Ministerio de Salud, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, abriera hasta el 6 de mayo el periodo de consulta pública para que la sociedad opine sobre la regulación que busca imponer la marquilla “advertencia ultraprocesado” en el frente de los envases. Esta etiqueta, de formato rectangular, se diferenciaría de los sellos octogonales ya existentes.
Según el Invima, la invitación para participar en la consulta pública solo llegó cuando el proceso ya estaba avanzado. Además, el plazo para intervenir fue de apenas dos días hábiles, pues la ventana de participación coincidió con un fin de semana y un lunes festivo.
La Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima remarcó que la discusión sobre el etiquetado debe integrarse con lo dispuesto en la Ley de Obesidad, que exige promover ambientes saludables y educación preventiva, no solo advertencias en los empaques. La carta señala que el análisis del Ministerio se basó en estudios de otros países, sin examinar el impacto específico en Colombia.
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Impacto sobre microempresas y la industria alimenticia
Tanto desde Invima como desde la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi se alertó que más del 95 % de los fabricantes de alimentos en Colombia son microempresas. Para este segmento, la adaptación a nuevas regulaciones implicaría costos altos y riesgos para la estabilidad del sector.
La Andi expresó su “profunda preocupación” por la posible derogación de la resolución 810 de 2021, ya que el proyecto impondría cargas técnicas y económicas que, según los gremios, aún no cuentan con evidencia científica suficiente que justifique su implementación.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca derogar la resolución 810 de 2021 para implementar un nuevo marco normativo de etiquetado frontal y nutricional, ya que resulta completamente inconveniente para el país por los efectos en imposición de cargas técnicas y económicas que podrían afectar la estabilidad del sector”, señaló la Andi
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Argumentos sobre la efectividad de la medida
En la carta, el Invima insiste en que, antes de crear nuevos sellos, es urgente consolidar campañas informativas y estrategias de publicidad que ayuden a la población a comprender las tablas nutricionales. Solo así, aseguran, los consumidores podrán tomar decisiones informadas sobre sus compras.
La consulta pública sobre la nueva etiqueta frontal para ultraprocesados busca recabar opiniones hasta el 6 de mayo. El Ministerio de Salud debe decidir en los próximos días si sigue adelante con la iniciativa pese a las críticas de gremios y técnicos del sector.
La discusión se centra en si la advertencia frontal será una herramienta eficaz para mejorar la salud pública o si, por el contrario, impondrá desafíos innecesarios a la industria alimenticia del país.
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Entretanto, el Gobierno nacional no ha expresado su posición frente a las críticas emitidas desde sectores afines a la industria de los alimentos, aunque el borrador del decreto ya se encuentra publicado para su socialización y recepción de quejas y adiciones a la medida que empezaría a aplicar una vez el Ministerio de Hacienda y el presidente Gustavo Petro pongan su firma.