En Colombia, el uso de redes sociales para lavar dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas ha alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes.
Detrás de cuentas con millones de seguidores, lujosos sorteos y exhibiciones de riqueza, las autoridades han identificado una compleja red de ‘narcoinfluencers’ que aprovechan la inmediatez digital para blanquear capitales y consolidar modelos de éxito ligados a economías ilegales.
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Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el de Javier Arias, más conocido como “Javier Stunt” en redes sociales.
La Fiscalía lo señala como hijo de un narcotraficante apodado “Primaria” y describe una estructura familiar que, bajo la fachada de actividades de juego, ha utilizado plataformas como Instagram para mostrar un estilo de vida ostentoso: autos de alta gama, motos, joyas, yates y lujosas propiedades en Medellín.
Durante la audiencia de legalización de captura a la que accedió el diario El Tiempo, el funcionario del ente investigador aseguró que estas excentricidades son el mecanismo perfecto para lavar grandes cantidades de dinero producto de envíos de cocaína hacia Estados Unidos.
El 12 de marzo de 2026 Arias fue capturado en un hangar del corregimiento El Totumo, Necoclí, con un arsenal: dos pistolas, dos escopetas y una carabina, además de casi 2.000 cartuchos de diversos calibres. Pese a la flagrancia del delito de porte ilegal de armas, el juez séptimo penal de Medellín lo dejó en libertad, argumentando que no representaba un peligro para la sociedad.
Apenas cinco días después, “Javier Stunt” volvió a publicar en Instagram, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y celebrando su “victoria” judicial.
Vidas de lujo seguidas por la DEA: la estrecha relación entre el narcotráfico y los ‘inlfuencers’ en Colombia
Lejos de frenar su actividad, el influencer continuó sorteando apartamentos amoblados y vehículos último modelo, promocionando sus rifas con boletos que oscilan entre 10.000 y 5 millones de pesos y prometiendo mayores oportunidades de ganar a quienes compran más tíquetes.
Estos sorteos, realizados de forma semanal y muchas veces al margen del control estatal de Coljuegos, mueven sumas millonarias y son objeto de seguimiento tanto por parte de la Fiscalía como de agencias internacionales como la DEA.
Un informe de la agencia antidrogas estadounidense vincula a Stunt con una organización que exporta cocaína hacia Panamá, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contaminando buques cargueros.
El despliegue digital de estos perfiles no se limita a la ostentación de bienes.
El fiscal encargado del caso puntualizó que la zona de Necoclí y San Pedro de Urabá está bajo el control del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), y en concreto por el frente Gabriel Poveda Ramos, grupo armado que ha perfeccionado el uso de redes sociales para blanquear rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal.
Según las autoridades, el clan fue pionero en utilizar sorteos de carros, motos y dinero en efectivo como método de lavado de activos.
El caso de otra creadora de contenido: Linda Caramelo
Este fenómeno no es aislado. En 2023, la policía capturó a Ceci Julieth Pino, conocida como Linda Caramelo en Facebook, Instagram y TikTok, por emplear supuestas ganancias del narcotráfico en rifas de bonos para cirugías estéticas, construcción de mansiones y compra de motos para legalizar en la industria del mototaxismo en Turbo, epicentro del grupo armado.
El peligro de los ‘narcoinfluencers’ va más allá del lavado de dinero. Las autoridades advierten que estos perfiles también son utilizados para reclutar menores de edad y difundir la ideología de grupos armados.
Otro ejemplo reciente se conoció el 2 de abril de 2026, cuando fue capturado Armando Rafael Palma Moreno, alias Alambrito, influencer de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), señalado por emplear las plataformas para divulgar mensajes y fortalecer el control territorial del grupo.
Para las autoridades, el atractivo visual y el discurso aspiracional de estos influenciadores consolidan modelos de éxito basados en el lujo y el consumo, que legitiman indirectamente las economías ilegales.
Los investigadores recalcaron que la monetización de contenido, la venta de promociones a marcas y la organización de eventos permiten reportar ingresos elevados sin que exista una verificación efectiva del origen de los recursos.
Es tal el panorama que existen casos en los que los pagos por publicaciones pueden fluctuar entre 50 y 500 millones de pesos; esto facilita el lavado de dinero a través de contratos y transferencias simuladas.
El aliado silencioso de un ‘narcoinfluencer’: la inteligencia artificial
Otra arista del fenómeno es la manipulación artificial de la visibilidad digital.
Informes de inteligencia señalan que estos influencers emplean bots, perfiles falsos y aplicaciones de inteligencia artificial (IA) para incrementar el alcance de sus publicaciones, atacar a otros usuarios o desviar la atención sobre movimientos financieros sospechosos.
Este mecanismo contribuye a crear una imagen de influencia que justifica contratos millonarios con marcas y empresas, y al mismo tiempo dificulta el rastreo de operaciones ilícitas.
La ausencia de regulación específica para la actividad comercial de los influenciadores, sumada a la falta de controles en la transferencia y declaración de ingresos por publicidad digital, convierte a plataformas como Instagram, Facebook y TikTok en verdaderos paraísos fiscales.
De este modo, estructuras criminales como el Tren de Aragua también han incursionado en el negocio, realizando pagos elevados a creadores de contenido, artistas y DJ en ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, muchas veces utilizando efectivo o cuentas en el exterior.
El seguimiento a estos movimientos ha incluido a figuras conocidas como Yefferson Cossio y Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, procesada por instigación al terrorismo
Aunque la Fiscalía abrió investigaciones sobre el origen de sus patrimonios, hasta el momento no se han producido imputaciones formales.