La reposición de gastos de campaña de la consulta del Pacto Histórico se encuentra enredada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), según información obtenida por Revista Semana, debido a dudas jurídicas internas que frenan el proceso.
La situación afecta directamente a candidatos como Iván Cepeda, quienes esperan recursos para cubrir gastos electorales reportados.
El problema se origina en inconsistencias normativas y retrasos administrativos que ahora deberán ser resueltos por la sala plena del CNE.
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Retrasos y vacíos en la reposición de gastos
El proceso de reposición de votos correspondiente a las consultas del 25 de octubre de 2025 presenta bloqueos internos que impiden avanzar en la certificación de los informes de ingresos y gastos de campaña, según información conocida por Revista Semana .
De acuerdo con documentos revisados, la situación se originó por una presunta demora en la definición de los topes electorales, los cuales no fueron presentados oportunamente a la sala plena del CNE.
Además, la resolución que fijaba estos límites fue publicada meses después de realizadas las consultas, lo que generó un vacío jurídico que hoy dificulta el trámite de los pagos.
Este escenario impacta directamente a campañas que esperan la devolución de recursos, incluyendo la de Iván Cepeda, quien habría reportado gastos cercanos a los 960 millones de pesos, mientras que otros candidatos también aguardan montos significativos.
La incertidumbre también se extiende a figuras como Carolina Corcho, quien participó en la consulta, aunque su situación es distinta al ya haber resultado elegida al Congreso.
Dudas técnicas y preocupación interna
Una de las alertas más relevantes proviene de un grupo de contadores del propio CNE, quienes manifestaron su preocupación por inconsistencias en la aplicación de los topes de gastos.
En una comunicación dirigida a la jefatura del Fondo Nacional de Financiación, los funcionarios señalaron que existen problemas de coherencia entre los límites establecidos para consultas nacionales y territoriales.
Según el análisis técnico, los valores definidos generan resultados desproporcionados, incluso con topes más altos por candidato en circunscripciones pequeñas frente a los de alcance nacional, según ese medio de comunicación .
Este tipo de inconsistencias ha impedido avanzar en la revisión y certificación de los informes, proceso necesario para autorizar los pagos a las campañas.
Los contadores advirtieron que, sin una directriz clara, no es posible continuar con su labor, ya que carecen de los insumos normativos necesarios para validar la información presentada.
Decisión pendiente en la sala plena
Ante este panorama, la definición del problema quedó en manos de la sala plena del CNE, que deberá establecer los criterios jurídicos para destrabar el proceso.
Desde la Oficina del Fondo Nacional de Financiación se elevó una solicitud formal para que los magistrados determinen cómo aplicar las resoluciones vigentes y resolver el vacío normativo identificado.
En dicha comunicación se reconoció que las inconsistencias en la regulación afectan el principio de equidad electoral y generan incertidumbre sobre los parámetros de revisión.
Además, se advirtió que ya existen derechos de petición y otras actuaciones relacionadas con estos informes, lo que aumenta la urgencia de una decisión.
Mientras se resuelve la situación, los pagos por reposición de votos permanecen en suspenso, lo que impacta la planeación financiera de las campañas en curso.
El caso evidencia las dificultades administrativas y jurídicas dentro del organismo electoral para gestionar los recursos públicos destinados a financiar procesos democráticos.
En este contexto, la decisión que adopte la sala plena será determinante para definir no solo los pagos pendientes, sino también la forma en que se aplicarán los criterios de financiación en procesos electorales similares.
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