Miguel Uribe Turbay aseguró que en su gobierno se acabará la Paz Total y los beneficios a criminales que hoy son gestores de paz

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño planteó un quiebre radical en materia de política de seguridad al declarar que, de alcanzar la Presidencia de la República, su gestión eliminaría la política de Paz Total, mismo enfoque que, según él, permitió el asesinato de su hijo.

“La Paz Total, que es responsable del asesinato de Miguel, porque están libres, porque pueden delinquir, porque no les pasa nada”, señaló Uribe Londoño en entrevista con La FM, responsabilizando a la actual estrategia estatal por la libertad de “los responsables de su magnicidio”.

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Uribe Londoño, que acusó directamente a la Paz Total de cobijar a quienes perpetuaron el crimen que le arrebató a Miguel Uribe Turbay, enfatizó la gravedad de la situación actual: “Estamos viviendo otra vez una época parecida a 2002. Todos los criminales tienen que ir a la cárcel, porque es que hoy tienen permiso de estar afuera por la paz total”, afirmó el candidato en diálogo con el medio.

Al abordar sus propias propuestas, Uribe Londoño precisó el carácter inmediato que tendría la eliminación de la política vigente: “Mi primer programa y mi primer decreto será acabar con la Paz Total”, anunció en la misma conversación.

Además, destacó la urgencia de fortalecer el aparato estatal: “Mano muy fuerte contra los criminales, la policía y los soldados a la calle. Los ciudadanos van a ser totalmente protegidos”, ratificó Uribe Londoño, que insistió en que “esta fiesta del crimen y del narcotráfico y de los negocios ilegales y de la extorsión se tiene que acabar conmigo como presidente, la vida va a cambiar totalmente en ese aspecto”.

En la conversación que compartió en su cuenta de la red social X, el político hizo énfasis para responsabilizar a quienes mantienen su libertad tras el magnicidio, que en el momento del atentado, militaba para el Centro Democrático, que tiene como líder natural, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su mensaje, denunció: “Todos los criminales tienen que ir a la cárcel, porque es que hoy tienen permiso de estar afuera por la ‘Paz Total’, la ‘Paz Total’ que es responsable del asesinato de mi hijo Miguel, están libres porque pueden delinquir, porque no les pasa nada”.

Junto al reclamo de justicia para el crimen de Miguel, exigió endurecer la respuesta estatal: “Entonces, mano fuerte contra los criminales. La policía y los soldados a la calle”, planteó. Separando su mensaje de la aceptación pasiva, la madre prometió medidas claras: “Los ciudadanos van a ser totalmente protegidos”.

En el cierre de la publicación, la familia enfatizó la urgencia de revertir esta situación. “Esto se tiene que acabar”, reclamó, aludiendo a la impunidad de los responsables por el asesinato de Miguel.

Centro Democrático anunció un proyecto para anular la ley de Paz Total

La suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín, adoptada por el Gobierno de Gustavo Petro bajo la política de Paz Total, ha desatado una nueva crisis política en Colombia, mientras el partido Centro Democrático anunció que buscará eliminar legalmente la facultad del Ejecutivo para negociar beneficios judiciales con estructuras armadas ilegales.

El proyecto de ley impulsado por Hernán Cadavid, representante y senador electo, será presentado como primera acción legislativa de la bancada de derecha y centroderecha el 20 de julio de 2026, con el objetivo declarado de derogar la normativa que habilita la actual estrategia de paz.

Hernán Cadavid precisó que la derogación de la Paz Total constituye “la primera gran tarea” para su fuerza política y sus aliados, al inaugurar el próximo periodo legislativo en el Congreso de la República. Según Cadavid, la normativa vigente —Ley 2272 de 2022— otorga al Gobierno la potestad de suspender medidas judiciales contra líderes de grupos ilegales para facilitar diálogos y procesos de sometimiento.

La decisión gubernamental de levantar las órdenes de captura a los cabecillas en Medellín y el Valle de Aburrá se produjo en el contexto de la campaña presidencial y fue calificada por Cadavid como evidencia de un “contubernio entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, un beneficio mutuo”.

Sus declaraciones concretan la intención de presentar el 20 de julio el proyecto para eliminar estos marcos legales, denunciando que los beneficios actuales favorecen a estructuras criminales y desnaturalizan el sentido del proceso de paz.