La definición del salario mínimo en Colombia para el 2026 enfrenta un desafío inédito en los tribunales, tras la presentación de 16 demandas destinadas a anular el aumento decretado por el Gobierno nacional.
El Consejo de Estado, máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, analiza la legalidad del Decreto 1469, que fijó el salario mínimo en $1.750.905 —un ajuste del 23% respecto al año anterior—, mientras crecen las expectativas sobre el alcance y los plazos de su decisión.
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De acuerdo con la información de la plataforma Samai (usada por la Rama Judicial), las demandas fueron radicadas entre enero y febrero de 2026 ante el Consejo de Estado, e involucran a actores diversos: ciudadanos particulares y organizaciones que buscan no solo la anulación del acto administrativo, sino su suspensión provisional hasta que falle definitivamente el tribunal.
Las demandas se dirigen contra el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República.
Ivonne Aristizábal Rojas, directiva de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, explicó a Portafolio que, si bien “la regla general es estudiar cada proceso de manera individual”, el Consejo de Estado podría acumular los expedientes siempre que se refieran al mismo acto administrativo o a actos conexos y cumplan con los requisitos legales.
En ese escenario, según afirmó la abogada, “el alto tribunal podría fallar de manera conjunta y la decisión aplicaría a todos los casos acumulados”.
Respecto a los plazos, Aristizábal destacó que la ley prevé etapas procesales con tiempos determinados, pero esos términos funcionan únicamente como una guía para la agilidad del proceso, sin garantizar que la sentencia definitiva se dicte en una fecha fija. Factores como la congestión judicial pueden alterar la duración total del trámite.
Es decir, que, según la jurista, no hay un plazo definido para anular o suspender el decreto, porque todo depende de cómo se esté llevando el proceso dentro del alto tribunal.
Así mismo, la acumulación de procesos representa un fenómeno poco común en este tipo de controversias. El análisis inicial es caso por caso, pero si se comprueba que las demandas comparten los presupuestos necesarios, “la corporación podría emitir una decisión que cobije a todos los expedientes reunidos en un solo proceso”, afirmó Aristizábal.
En relación con la medida solicitada —la suspensión provisional del decreto—, el Consejo de Estado debe determinar si existen fundamentos jurídicos para congelar los efectos del aumento mientras se resuelve el litigio.
Si prospera la nulidad, la especialista subrayó que “la consecuencia sería que el acto se considera inexistente desde su origen y la decisión tendría efectos generales”.
Agregó que, de acuerdo con el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este efecto se extiende a “todos los ciudadanos y empleadores, no sólo a quienes presentaron la demanda”.
La decisión final del Consejo de Estado está llamada a tener impacto a escala nacional, pues podría revertir un aumento que involucra a millones de trabajadores y empleadores.
Las demandas buscan suspensión del aumento del salario mínimo en Colombia
Dieciséis demandas buscan frenar el aumento del salario mínimo en Colombia tras la expedición del Decreto 1469 de 2025. Los recursos, presentados ante el Consejo de Estado, solicitan la suspensión provisional del ajuste decretado por el Gobierno Nacional.
Si el Consejo de Estado acepta suspender la aplicación del decreto, la decisión impactaría no solo el pago directo a los trabajadores, sino los aportes a seguridad social y otros valores que dependen del salario mínimo.
Entre los procesos identificados, la Cámara Ambiental del Plástico promovió el expediente 0339-2026, asignado al magistrado Juan Camilo Morales Trujillo. Casi al mismo tiempo, Laura Buendía Grigoriu radicó el caso 0325-2026, bajo la ponencia de Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República figuran como partes demandadas.
El análisis en la sede judicial gira en torno a si el Decreto 1469 de 2025 se adecua al marco legal vigente, alegando los demandantes que la norma debe anularse y que la medida debe detenerse de manera preventiva debido a dudas sobre la concertación salarial.
El expediente menciona también a Luis Henry Moya Moreno, Harlinson Sánchez y otros ciudadanos que solicitan la nulidad total de la regulación del ingreso básico para los trabajadores.