Un cambio en la política migratoria europea podría tener efectos directos en Colombia. El Parlamento Europeo aprobó una reforma que redefine el concepto de “tercer país seguro” y, al mismo tiempo, avaló una primera lista común de países de origen considerados seguros. En ese listado aparece Colombia, junto con Marruecos, Egipto, India, Bangladés, Kosovo y Túnez.
La votación fue amplia. El nuevo alcance del concepto de “tercer país seguro” recibió 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones. Por su parte, la lista de países de origen seguros fue respaldada con 408 votos positivos, 186 negativos y 60 abstenciones. Aunque el acuerdo político ya está cerrado entre las instituciones europeas, la norma aún debe ser adoptada formalmente por el Consejo Europeo para entrar en vigor, un trámite que se prevé ocurra en el corto plazo.
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El cambio más relevante es la eliminación del requisito de conexión obligatoria entre el solicitante de asilo y el país al que sería enviado. Hasta ahora, esa relación debía estar claramente demostrada. Con la reforma, los Estados miembros podrán declarar inadmisible una solicitud sin estudiarla en profundidad y expulsar al migrante hacia un país considerado seguro, incluso si no es su nación de origen.
La expulsión podrá aplicarse en tres escenarios específicos: cuando el solicitante tenga vínculos familiares o culturales con el tercer país; si transitó por ese territorio en su ruta hacia la Unión Europea y allí pudo haber solicitado protección; o si existe un acuerdo bilateral, multilateral o europeo de readmisión de solicitantes de asilo, con excepción de menores no acompañados.
La norma contempla, no obstante, un margen de defensa. El solicitante podrá oponerse si demuestra que su envío a ese país implicaría riesgo de persecución o daños graves. Ese punto será clave en la aplicación práctica de la medida, especialmente en casos individuales donde se aleguen amenazas específicas.
Desde Bruselas, el mensaje es claro, el objetivo es aliviar la presión sobre los sistemas de asilo europeos. El comisario de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, explicó que la reforma busca fortalecer la cooperación con países socios y agilizar los procedimientos. En la práctica, esto permitiría tramitar con mayor rapidez ciertas solicitudes y, en muchos casos, rechazarlas bajo el argumento de que no existe una amenaza generalizada en el país de origen.
En el caso colombiano, la inclusión en la lista implica que las solicitudes de asilo presentadas por sus ciudadanos podrían ser evaluadas bajo un estándar más estricto. Al ser considerado un país seguro, la carga argumentativa recaerá con mayor peso en quien solicite protección internacional, que deberá probar riesgos individuales concretos.
La reforma también establece que los países candidatos a ingresar a la Unión Europea serán considerados, en principio, seguros. Esta presunción podrá revertirse en situaciones excepcionales, como conflictos armados, tasas de reconocimiento de asilo superiores al 20% o sanciones por violaciones graves a derechos fundamentales. En ese grupo figuran Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.
El debate no esta exento de controversia. En diciembre de 2025, durante una reunión del consejo de ministros del Interior, España, Francia y Portugal votaron en contra del acuerdo. Consideraron que la reforma plantea “serias dudas jurídicas” y podría afectar la coherencia del pacto migratorio europeo. Las críticas apuntan, sobre todo, a la flexibilización del concepto de tercer país seguro y a los riesgos de traslados automáticos sin un examen exhaustivo de cada caso.
Para Colombia, el impacto dependerá de cómo se implementen los mecanismos de cooperación y de si se firman acuerdos específicos de readmisión. Aunque la norma no implica automáticamente una ola de retornos, sí abre la puerta a que más solicitudes sean rechazadas con base en la nueva clasificación.
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