Hasta 20 millones de pesos por diploma es el monto que habrían pagado decenas de personas para asegurar un título profesional en la Fundación Universitaria San José, acusada de otorgar certificaciones sin los mínimos requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.
El mecanismo involucraría a presuntos gestores que habrían ofrecido homologaciones académicas ‘exprés’, omitiendo los requisitos obligatorios, de acuerdo con una investigación de El Colombiano.
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El sistema captaría a interesados a través de chats de WhatsApp y cadenas de referidos. Quienes acceden a este servicio entregarían entre ocho y 20 millones de pesos a cuentas institucionales de la universidad, respaldados por facturas oficiales.
De hecho, el diario nacional reveló el caso de dos estudiantes que, pese a mantener el anonimato, confirmaron que sí pagaron grandes sumas de dinero para obtener su título universitario en un tiempo récord.
El abogado Miguel Ángel Ruiz, representante de los estudiantes irregulares, afirmó a El Colombiano que sus clientes recurrieron a este mecanismo tras recibir recomendaciones de conocidos que les sugirieron “ayuda con homologaciones” para completar títulos rápidamente. Ruiz explicó que el pago ofrecía la posibilidad de acreditar un programa universitario entero sin cumplir los pasos obligatorios.
“Mis clientes terminaron involucrados tras recibir la recomendación de amigos o conocidos que les sugirieron que en la San José podían ‘ayudarles con homologaciones’ para obtener el título rápido para sus procesos de contratación. Se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”, comentó el abogado al diario nacional.
Incluso, el togado aseguró que a sus clientes se les contacó de forma personal y que, el presunto estudio express no aparece en ningún folleto institucional, aunque las sumas de dinero sí habrían ingresado directamente al sistema financiero de la Fundación Universitaria San José, dificultando la distinción entre procesos legales e irregulares.
“Ellos se presentan ofreciendo ayuda para obtener títulos sin necesidad de presentar las pruebas Saber Pro, que son obligatorias por ley para cualquier carrera profesional en Colombia”, señaló Ruiz.
Entre los casos emblemáticos expuestos mediáticamente figura Nelfy Melo Morales, secretaria privada del presidente Gustavo Petro, quien obtuvo tres títulos en año y medio en la universidad.
En un comunicado, Melo Morales afirmó que estudió desde 2019 en el Politécnico Gran Colombiano hasta su homologación en la Fundación San José, donde —según su versión— cursó todas las materias y cumplió los requisitos académicos sin ejercer presión alguna sobre el proceso.
Otro beneficiario resaltado es Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN, identificado por haber recibido cuatro títulos diferentes el mismo día de julio de 2024, todos bajo el esquema de homologaciones.
Se suma el caso de Juliana Guerrero, la polémica exfuncionaria que intentó llegar al viceministerio de la Juventud con diplomas presuntamente irregulares. Las facturas de los pagos hechos por Guerrero, por cerca de ocho millones de pesos, fueron expedidas después de la entrega de los títulos, según los registros de la Dian y la documentación revisada por El Colombiano.
El funcionamiento del esquema estaría centrado en la promesa de obtener un diploma profesional en apenas seis meses, omitiendo prácticas, créditos académicos y la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal imprescindible en Colombia—.
En todos los casos documentados, la universidad habría emitido facturas oficiales por conceptos de matrícula y derechos de grado, aunque en ocasiones parte del dinero no quedó justificada por la vía formal.
El costo por obtener el diploma fuera del proceso académico tradicional oscila entre 15 y 20 millones de pesos, sumas muy superiores a las de los derechos de grado ordinarios. Los beneficiarios habrían presentado los desembolsos como trámites administrativos legítimos, aunque en los expedientes se omitió tanto la realización de pruebas como la asistencia real a clases.
El impacto de los títulos irregulares afecta a funcionarios públicos y profesionales del sector privado. Juliana Guerrero perdió sus diplomas en noviembre de 2025, después de que la Fundación Universitaria San José admitió irregularidades y retiró los títulos. Otros usuarios han enfrentado problemas laborales por la falta de requisitos habilitantes, con investigaciones judiciales y administrativas aún en curso.
Francisco Pareja González, representante legal de la Fundación Universitaria San José, rechazó ofrecer declaraciones sobre el tema cuando fue contactado por El Colombiano. Por su parte, el abogado Ruiz solicitó la intervención del Ministerio de Educación y una auditoría integral por posibles indicios de corrupción privada y administración desleal en la institución.
Las autoridades han iniciado investigaciones formales. Las representantes a la Cámara Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza, impulsoras de la denuncia pública del llamado cartel de diplomas, insisten en clarificar cómo 24 funcionarios en 16 entidades obtuvieron títulos que facilitaron contratos públicos por más de 1.100 millones de pesos.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció la apertura de pliego de cargos contra la Fundación tras detectar expediciones irregulares de títulos. La Fiscalía investiga delitos como fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
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