
La controversia política surgió tras la divulgación de una carta firmada por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y su esposa, la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, en la que oficializaron su retiro del Centro Democrático.
El documento, de seis páginas, generó inquietud sobre el momento y el propósito de su filtración, pues Lafaurie aseguró que la carta se había enviado antes de la convención del partido.
Según su relato en conversación con Noticias Caracol, “si hubiéramos querido hacerle un daño a la convención, afectar a Paloma, la hubiéramos filtrado nosotros antes. Alguien la filtró con un propósito, que todavía quiero analizar con calma”.
Lafaurie insistió en que la misiva fue redactada de manera reflexiva y argumentada, para exponer al director del partido hechos que venía señalando desde tiempo atrás, sin obtener respuesta alguna.
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El presidente de Fedegan destacó que la filtración buscaba “generar un escándalo”. No obstante, defendió la necesidad de explicar públicamente el trasfondo de la decisión: “Cuando uno tiene la razón, lo importante es explicarle a la opinión pública qué hay detrás de todo esto”.
Las críticas de José Félix Lafaurie se centraron en el proceso que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático.
El dirigente cuestionó la transparencia y el manejo de la encuesta encargada para definir la candidatura, señalando que originalmente se había planeado contratar a Atlas Intel, una empresa que, según él, “sigue marcando la diferencia frente a otras empresas encuestadoras”. Sin embargo, el proceso fue interrumpido por decisiones internas, especialmente por parte de los asesores de Miguel Uribe Londoño, lo que, a juicio de Lafaurie, “terminó por abortar ese proceso”.

La falta de claridad sobre los resultados finales de la encuesta fue otro de los puntos de inconformidad. Lafaurie aseguró haber sostenido múltiples conversaciones con la dirección del partido y enviado seis derechos de petición y dos insistencias para conocer detalles del proceso. “Era un universo definido que el partido definió con anterioridad, que nos mandó a cada una de las campañas la lista de quienes potencialmente iban a votar. En consecuencia, lo que hemos pedido es saber quiénes votaron.”
Lafaurie remarcó que la información entregada por la encuestadora no fue detallada y que los datos obtenidos en su propio trabajo en diferentes departamentos diferían de los resultados oficiales. Además, cuestionó la idoneidad de la empresa auditora contratada, al señalar que su propietario enfrenta dificultades jurídicas en Chile, promovidas por el Ministerio de Justicia de ese país.

Ante la incertidumbre sobre la legitimidad del proceso, José Félix insistió en la necesidad de mayor transparencia por parte del partido y de la empresa encargada de la encuesta. Explicó que la solicitud principal ha sido acceder a la información sobre quiénes participaron efectivamente en la votación, con el fin de contrastar los datos presentados oficialmente con la realidad de los militantes.
Lafaurie recalcó que su intención siempre fue mantener una relación cordial y reflexiva con la dirigencia del Centro Democrático, en especial con su director, en quien depositó su confianza. “Jamás hicimos público ni los derechos de petición ni hicimos públicas las diferencias que veníamos encontrando en el proceso”, afirmó, y agregó que incluso tras la proclamación de la candidatura de Paloma Valencia, se reunió con la dirección para revisar el asunto con calma.

A pesar de este enfoque reservado, la filtración de la carta alteró el curso de los acontecimientos y, según Lafaurie, expuso diferencias profundas que no se habían resuelto internamente. Aunque dejó abierta la puerta a futuras acciones legales, subrayó que el objetivo inmediato es esclarecer los hechos y que la opinión pública conozca lo ocurrido.
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